Los familiares de los hermanos Lapeña, fusilados en Calatayud y enterrados sin permiso en el Valle de los Caídos en los años 50, están más cerca de recuperar sus cuerpos. Aunque disponen de una sentencia judicial que ordena la exhumación desde el 2016, los impedimentos administrativos y las trabas legales se han sucedido. Y es que no es fácil lograr una reparación histórica en el interior del monumento en el que están enterrados con honores el dictador Francisco Franco y el fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera.

El prior de la abadía benedictina que regenta la que está considerada como la mayor fosa común del país, Santiago Cantera, dio un paso atrás en su posición de bloqueo y anunció, según avanzó la senadora del PP Esther Muñoz, que el lunes próximo retirará el recurso contencioso-administrativo que mantenía paralizadas las exhumaciones.

Este cambio de postura se conoció pocas horas después de que el presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, se mostrara partidario del proceso y desautorizara la posición del benedictino. «La comunidad monástica tiene unas competencias, que están en relación con el culto y la oración del templo y Patrimonio Nacional otras », aseguró durante un acto en Valladolid.

Los familiares de los anarquistas represaliados durante la guerra civil que han impulsado el proceso se mostraron «satisfechos, pero cautos» ante el nuevo horizonte judicial del caso.

El portavoz de la Asociación por la Recuperación e Investigación contra el Olvido (Arico), casado con la nieta de Manuel Lapeña, Miguel Ángel Capapé, evidenció que la actitud del prior del Valle «no ha sido ni medio normal» a lo largo de los últimos años. Por este motivo reclamó «calma» a la hora de afrontar las próximas gestiones ante los responsables eclesiáticos.

El proceso de exhumación de los dos represaliados está pendiente en un primer momento de la entrada de un equipo de técnicos y forenses a la capilla del Sepulcro, en el lado derecho del templo. Estos deberían realizar un informe preliminar en el que se determine las posibilidades materiales de ejecutar la exhumación. Tras ese estudio se procedería a la retirada de los cuerpos para asegurar «el derecho a una sepultura digna» que garantizó un tribunal de San Lorenzo del Escorial.

Capapé recordó que la reactivación del proceso está ahora en manos de Patrimonio Nacional. En un primer momento este organismo puso trabas a la ejecución de la sentencia, pero en abril del 2017 cambió de postura.

De forma paralela existe la posibilidad de que los familiares de la víctimas visiten el megalómano complejo funerario que ordenó construir Franco para conocer el parecer del prior. Esta visita sería independiente de la que tiene prevista un grupo de Senadores tras la negativa de Cantera a comparecer en la comisión de Justicia. Capapé teme que las criptas en las que se depositaron los huesos estén en este momento todavía más deterioradas que en el 2010, última vez en la que se abrieron los osarios y se pudieron tomar imágenes del interior. Estas tumbas están consideradas cementerio público y por eso deberían estar fuera del control eclesiástico que se mantiene en el resto del recinto.

La senadora popular que anunció la retirada de los recursos contra la exhumación cargó contra la que consideró «un uso partidista» de la situación del Valle de los Caídos. «Al final se demuestra que se consigue más dialogando, sin algaradas, grandes titulares y ruedas de prensa», aseguró Muñoz.

Hasta ahora los benedictinos han impedido cualquier gestión en el mausoleo franquista alegando que «taladrar muros abriendo huecos» podía ser un delito de profanación de los restos cadavéricos que alberga.