La Justicia autorizó hace más de dos años la exhumación de los restos de los hermanos Lapeña, dos anarquistas fusilados por el franquismo en Calatayud en el comienzo de la guerra civil y trasladados sin el conocimiento de sus allegados al Valle de los Caídos en los años cincuenta. Ante los evidentes retrasos en la ejecución de la sentencia la comisión de Justicia del Senado ha convocado, a instancia del PSOE, al prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, para que acuda a la Cámara Alta para aclarar por qué se niega a cumplir con la orden que da la razón a los familiares de varios casos similares.
El portavoz del grupo socialista en la Cámara Alta, Ander Gil, confirmó que la comisión ha puesto fecha a la comparecencia del prior, para el próximo 12 de marzo. Este día también serán citados el abogado de las familias que quieren recuperar los cuerpos de sus allegados, Eduardo Ranz, y el presidente de Patrimonio Nacional, Alfredo Pérez de Armiñán, con el mismo propósito de aclarar por qué no se acometen las exhumaciones.
Según el senador socialista, la decisión de llamar al prior obedece a que se está «resistiendo» a cumplir una sentencia de los tribunales y por ello debe dar una explicación ante el Parlamento, del mismo modo que el responsable de Patrimonio Nacional tiene que dar su versión sobre lo que sucede en el Valle de los Caídos.
DENUNCIAS PREVIAS
Recientemente, una docena de familiares de fallecidos cuyos restos descansan en el Valle de los Caídos ya denunciaron al prior de la abadía, por negarse a las exhumaciones pese a que Patrimonio Nacional había reconocido el derecho a acometerlas.
Estas familias recordaron que se había resuelto que el Valle de los Caídos es una sepultura de cementerio público y no religioso. Al parecer, el prior argumenta que no es posible extraer los restos por el daño que podría causar la operación en la basílica mausoleo, algo que los socialistas del Senado pretenden clarificar con su comparecencia parlamentaria.
Los familiares de los hermanos Lapeña exigen además que se obligue al prior a disculparse cristianamente y civilmente con las víctimas del franquismo y también que sea condenado a realizar trabajos de exhumación a pie de fosa. Entre las medidas de reparación que sugieren se incluye igualmente el trámite de entrevistarse con familias víctimas de la guerra civil y la dictadura franquista así como estar presente en una entrega de restos mortales a las familias represaliadas.
En los últimos cinco años el caso de estos cenetistas de Villarroya de la Sierra ha sido visto por numerosos tribunales y ha llegado incluso a la ONU.
