El titular del Juzgado de lo Penal nº 1 de Huesca ha revocado la suspensión de la condena de 1 año y 6 meses de prisión dictada contra dos jóvenes juzgados por enfrentarse con violencia a unos agentes de Policía Nacional que desarrollaban su trabajo en una zona de marcha de la capital altoaragonesa.
En los autos de revocación de ambas condenas, a los que ha tenido acceso Efe, el magistrado argumenta que un año después de ser notificada la sentencia pactada entre acusaciones y defensa por dichas agresiones, ninguno de los dos jóvenes efectuaron ningún pago, "por pequeño que fuera", de las indemnizaciones en las mensualidades acordadas.
En opinión del juez, "se puede concluir así que el compromiso de pago realizado por el penado no era sino una maniobra para obtener la suspensión de la pena de prisión, de modo que nunca ha habido una voluntad real de pago, por lo que procede la revocación de la suspensión de la pena".
Destaca, además, el magistrado que ninguno de los dos jóvenes acreditaron la situación de desempleo y las circunstancias familiares negativas alegadas para justificar sus respectivos comportamientos.
Los dos acusados, junto a otros cuatro más, fueron condenados en febrero de 2019 por unos hechos registrados a últimas horas de la madrugada del 10 de mayo de 2015 en la plaza Alfonso el Batallador, ubicada en la zona de bares de El Tubo de la capital oscense.
Los seis acusados, de origen latino, se enfrentaron a golpes y patadas con unos agentes policiales que se desplazaron a la zona tras recibir una denuncia en relación a la presencia de un joven que estaba provocando desperfectos a vehículos estacionados.
En su sentencia, el juez apreció que los jóvenes actuaron de forma "absolutamente violenta y desproporcionada" para tratar de evitar que el sospechoso fuera conducido a dependencias policiales, además de amenazarles de muerte y de causarles lesiones mediante puñetazos, patadas y mordiscos.
Uno de los jóvenes a los que el magistrado ha revocado la suspensión de la condena debía abonar indemnizaciones de 2.000 y 1.500 euros a dos de los agentes agredidos en un plazo de dos años, la primera de forma solidaria con otros dos acusados y la segunda con uno más de ellos.
El otro joven que ha visto revocada la suspensión de su condena debía abonar, en mensualidades también y de forma fraccionada, 360 euros a otra de las víctimas.
El abogado Jorge Piedrafita, letrado de uno de los agentes agredidos, ha expresado, en declaraciones a Efe, su satisfacción por la revocación de la condena de prisión impuestas a ambos jóvenes por delitos de atentado a la autoridad y de lesiones.
Según Piedrafita, la decisión del magistrado reconoce el trabajo que llevó a cabo para "desactivar cualquier maniobra de elusión del cumplimiento de la pena prisión y resto de las obligaciones impuestas.
Así, ha resaltado, se han salvaguardado los derechos de unos agentes policiales ante una estrategia que buscaba "una impunidad práctica de unos delitos graves".
