La jueza del juzgado número 1 de Alcañiz (Teruel) ha enviado a prisión, incondicional y sin fianza, a José Luis G.P. como supuesto cabecilla de una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales, quien ha ingresado en la cárcel de Teruel.
La operación, llevada a cabo por el grupo de blanqueo de capitales de Aragón de la Policía Nacional bajo el nombre de Puerto Calanda, se saldó con la detención el pasado miércoles en la provincia de Lérida de seis personas: José Luis G.P., Diana S., Leonor G. G., Fermín B.G., María Dolores V.G., y Luis G. V.
Según han explicado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, las detenciones se produjeron tras el registro del domicilio del supuesto responsable de la organización, domicilio que era además sede social de algunas de las empresas que tenía constituidas.
Ayer, la magistrada también tomó declaración a otros tres detenidos: Diana S., Leonor G.G. y Fermín B.G., para los que decretó libertad provisional con cargos.
A todos ellos les ha imputado como presuntos autores de los delitos de fraude en subvenciones, falsedad en documentos mercantil, delito de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
La magistrada ha decretado además el bloqueo de las cuentas de los detenidos y de las sociedades constituidas, así como la prohibición de enajenación de casas y vehículos de alta gama intervenidos.
Según expone el Ministerio Fiscal en su escrito de denuncia, al parecer José Luis G.P., directamente o a través de terceras personas, creó un entramado de empresas ficticias con el fin de emitir y recibir facturas falsas que permitieran crear la apariencia de actividad económica y mercantil.
Dichas empresas, Puerto Calanda y Asociación la Fuensalada para la integración, con domicilio social en el ayuntamiento de Calanda (Teruel), obtuvieron dos ayudas del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en concepto de préstamo, por 1.600.000 y 1.000.000 euros, respectivamente.
Las fuentes citadas explican que la finalidad de estas subvenciones era instalar una planta de alimentos precocinados en Calanda que permitiera la creación de puestos de trabajo en la zona.
Pero los importes de las subvenciones, una vez recibidos en la cuenta bancaria estipulada a tal efecto, fueron redirigidos a diferentes cuentas corrientes del entramado de empresas creadas por el principal imputado.
En su auto, la magistrada valora que existen indicios más que suficientes para considerar que los imputados podrían constituir "un grupo organizado que de manera concertada y con distribución de roles llevaron a cabo ilícitos penales consistentes en la percepción fraudulenta de dos préstamos por un importe total de 2.600.000 euros".
Éstos no se destinaron a fines de reindustrialización de la zona de Calanda, si no al enriquecimiento personal de los investigados y al desarrollo de algunos negocios situados en la provincia de Lérida, ajenos en todo caso a las finalidades perseguidas con la concesión de los préstamos
