Los detractores del embalse de Santaliestra (el más activo es el ayuntamiento de la localidad) iniciaron varios procesos contra el proyecto, el más importante, una querella criminal contra varios exaltos cargos de Medio Ambiente. También recurrieron contra la aprobación técnico-definitiva del proyecto, una medida que acabó con la paralización de las obras cuando su tramitación llegaba al final. De hecho, este embalse está totalmente parado desde hace dos años por un auto judicial que así lo decidió (y que el Estado y los regantes del Aragón y Cataluña recurrieron). Estos procesos judiciales están en el núcleo de la negociación que se abrió en la zona para intentar alcanzar un acuerdo entre afectados y regantes.