Los profesores consideran que el plazo fijado por el Gobierno central para consensuar una nueva ley educativa es insuficiente para recoger todas las propuestas y elaborar una normativa que sea más estable que las anteriores. Esta es la principal conclusión de una encuesta nacional del sindicato CSI-CSIF en la que ha recogido la opinión de 10.730 docentes, 500 de ellos aragoneses.

Una de las cuestiones sobre las que el profesorado se ha manifestado de forma casi unánime es la necesidad de alcanzar un Pacto de Estado "que vincule a los partidos políticos y a las comunidades autónomas para evitar los incesantes cambios a los que actualmente está siendo sometido el sistema educativo y sus profesionales".

Hay que recordar que la LOGSE (una normativa de 1990 elaborada por el PSOE) fue relevada por la LOCE (del PP) apenas una década después, y que ésta apenas va a poder desarrollarse porque el PSOE ha decidido revisarla. Además, ha habido otras leyes, como la LODE y la LOPEG, y decretos como el de Humanidades que han convertido la legislación educativa en un galimatías, según numerosas voces de la comunidad escolar.

GARANTIAS ECONOMICAS Además, siete de cada diez encuestados exigieron la redacción de una Ley de Financiación "para evitar que la nueva normativa se quede a medio desarrollar, como las anteriores". El Ministerio de Educación ha anunciado que presentará una memoria económica, pero ésta no compromete como una ley financiera.

En cuanto al ciclo de Infantil, la gran mayoría de los maestros está a favor de la presencia de personal especializado en tareas no educativas en las aulas y de profesores de idiomas. En Primaria, los docentes se postulan también a favor de especialistas en idioma y creen que es necesario implantar departamentos de orientación en estas etapas.

En Secundaria, lo más destacado es que tres de cada cuatro docentes plantea la "estructuración de itinerarios flexibles como mecanismos de diversificación". Además, la mayoría no quiere que se reduzca el número de asignaturas. En lo que no hay tanto acuerdo es en si la evaluación que debe hacerse a los alumnos al finalizar el primer ciclo de la ESO debe ser interna o externa. Las opiniones están divididas casi al 50%.

Por último, casi todos los encuestados se mostraron partidarios de que la nueva ley incluya un capítulo sobre las condiciones sociolaborales del profesorado.

El presidente del sector Enseñanza de CSI-CSIF en Aragón, Eliseo Moreno, explicó a este diario que el ministerio debe tomar nota de esta encuesta. "La puesta en marcha de cualquier ley educativa depende de los docentes, pero éstos han sido casi siempre un colectivo olvidado. Hay que intentar consensuar más las posturas, porque si no, al final, será otra ley que pasará con más pena que gloria".