El número de personas que se han autoprohibido la entrada a locales de juego en Aragón asciende actualmente a 2.762 personas. El creciente número de inscritos en el Registro de Jugadores Prohibidos (REJUP) de la Comunidad es uno de los datos que ha puesto de relieve la directora general de Justicia e Interior del departamento de Presidencia, María Ángeles Júlvez, durante la inauguración de las III Jornadas de Juego Responsable en Aragón organizadas en la Sala de la Corona del Edificio Pignatelli por la Asociación Aragonesa de Jugadores de Azar en Rehabilitación (AZAJER). La inauguración ha contado también con la presidenta de la Asociación, Esther Aguado, y el Lugarteniente del Justicia de Aragón, Javier Hernández.

La cifra de autoprohibidos al juego en Aragón representa el 6,5% del total nacional, que asciende a 42.231 personas, un porcentaje por tanto muy superior al peso de la población aragonesa sobre la del conjunto del país. La evolución de autoprohibidos en la Comunidad ha sido creciente y constante: en 2008 había 287 personas registradas, en 2009 eran 491, en 2013 superaban la barrera del millar con 1.171, en 2016 llegaban a 1.590, en 2017 superaban los dos millares con 2.113 y a fecha de 16 de octubre de este año ascienden a 2.762.

Júlvez ha puesto este registro de autoprohibidos como muestra de que es “una actividad altamente intervenida en la Comunidad”, a pesar de lo cual, ha añadido, siempre hay “válvulas de escape” de los controles para las personas que sufren problemas con el juego y ha diferenciado entre el presencial, que es competencia de la Comunidad y “funciona razonablemente porque está sujeto a controles e inspecciones y las empresas en general tienen conciencia y ética”, y el juego on line, competencia de la Administración del Estado y que “es lo que más nos preocupa”.

Ha recordado que el sector del juego genera 1.000 puestos de trabajo en Aragón y cerca de 40 millones de euros en ingresos tributarios para la Comunidad por parte de “un número considerable de empresas con un alto grado de responsabilidad que se ocupan y preocupan de que sus locales cumplan todos los requisitos legales”. Hoy se aborda, ha dicho, “la otra cara de la moneda, la del juego problemático”, ante el que la Administración autonómica está obligada a proteger a los menores y a las personas que sufren adicción y a sus familias, y ha hecho una llamada a la comunicación entre las empresas y las entidades como AZAJER que trabajan en la prevención y la asistencia de este tipo de patologías.