Las diputadas autonómicas Rosa Plantagenet (PP), Berta Zapater (PAR) y Susana Gaspar (Ciudadanos) propusieron ayer, a través de una proposición no de ley, una nueva forma de financiar los tratamientos para los trastornos de la conducta alimentaria que sería a través del seguro escolar.

Las tres portavoces solicitaron al Gobierno de Aragón la creación de una cuenta «diferenciada de la contabilidad» de la comunidad donde se reflejen los ingresos y gastos de esta prestación, transferida en el 2006. Y, de este modo, dotar con ese seguro escolar las ayudas para los tratamientos.

Es la segunda vez en poco tiempo que los tres partidos (PP, PAR y CS) se unen para criticar al Gobierno. La primera fue en un tema relativo a la custodia compartida. La proposición no de ley, que se debatirá en la sesión plenaria de este jueves, se ha llevado a cabo tras recoger una solicitud de las asociaciones de familias afectadas por anorexia, bulimia y otros trastornos alimentarios, que se han dirigido a todos los grupos de las Cortes en los últimos meses para pedir medidas. En este sentido, los colectivos exponen que en las comunidades donde no se transfirió esta competencia sí se dota la atención a estas personas con el seguro escolar, asegurando así un presupuesto específico.

Los datos de PP, PAR y Cs apuntan que la asistencia a las personas afectadas por estos trastornos, principalmente mujeres, supone el 6% de la población femenina de entre los 12 y los 24 años, con una población de riesgo del 11% en esas edades.

«Hay una avalancha de personas que padecen anorexia. No tenemos recursos intermedios como hospitales de día para realizar un seguimiento continuo de estas patologías, cuya duración suele ser de siete años, por lo que nuestros jóvenes están en una situación de vulnerabilidad», dijo Plantagenet. Por su parte, Zapater, exigió al Gobierno de Aragón «que cumpla» con la Ley del Seguro Escolar, de ámbito nacional. «Existe una necesidad de atender a este colectivo y, además, es de justicia», dijo, al tiempo que pidió una cuenta propia en la contabilidad autonómica «en aras de la transparencia, porque si no se diluye dentro del propio Departamento de Sanidad», indicó.

Por su parte, Gaspar apuntó que «no se han incrementado, sino que incluso han ido reduciéndose los recursos asistenciales en Aragón, de manera que los escolares afectados por estas dolencias tienen una peor atención que los de otras comunidades», dijo. «Cada vez es más frecuente este tipo de patologías, lo que exige invertir en recursos humanos y tecnológicos», dijo.