La prórroga presupuestaria en Zaragoza empieza a pasar factura a la izquierda a manos de los partidos de derecha, PP y Ciudadanos (Cs), que ayer tenían la oportunidad de atizar al Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC), PSOE y CHA por las consecuencias de no ser capaces de dialogar. Las modificaciones de crédito que los tres aprobaron en bloque para blindar los convenios y subvenciones del tejido social y vecinal tienen el peaje de soportar una fácil crítica de este movimiento in extremis.

Las primeras consecuencias de esta falta de diálogo que ha dejado a la ciudad sin presupuesto aprobado antes de los comicios del 26 de mayo han sido tener que proteger a las decenas de entidades que dependen de este dinero por el «rédito electoral» que les reportarán en las urnas (y que necesitan los tres). Tranquilidad a cambio de votos, con un «apaño de última hora» y el peaje de sacar el dinero de servicios esenciales como la limpieza viaria, la recogida de residuos o el autobús urbano, que ahora tendrán 7 millones menos de lo que, en teoría, es gasto ya comprometido.

«Han sido incapaces de ponerse de acuerdo» y ahora están «lavándose la cara por el rédito electoral de las entidades que es lo que les interesa», reprochó la concejala del PP María Navarro. Y «a costa de los servicios públicos», a los que «dejan infradotados» para la próxima corporación. «Es una vergüenza y una irresponsabilidad manifiesta de la izquierda», apostilló. Aunque ella intentó colocar en esta modificación por valor de 23,5 millones de euros un voto particular que igualaba en importancia la reforma de la plaza de los Sitios a las subvenciones de las entidades sociales y vecinales que complementan la acción social del consistorio y atienden cada año a 100.000 zaragozanos.

Este intento fallido -salió rechazado-, quizá fue el único punto débil en su argumento y que Sara Fernández, de Cs, no empleó. Ella insistió en el «lavado de conciencia» que esta maniobra representa y que calificó de «apaño». «Espero que no se vea como una victoria, porque debería darles vergüenza», manifestó, por la «disyuntiva de susto o muerte».

Ambas formaciones votaron la abstención, que permitió, por otra parte, que salieran adelante aquellas modificaciones en las que el PSOE votó en contra. Entre otras, la compra de vehículos para el ayuntamiento que estaba sujeta a un contrato en vigor y para la que no había dinero. Se abstenían, dijo Fernández, «por la responsabilidad que ustedes no han tenido» y pese a que supone «desvestir a un santo para vestir a otro».

Se refería a los servicios públicos de los que se detraía dinero, a los que el socialista Javier Trívez se refirió para pedir al titular de Economía, Fernando Rivarés, «más mimo» a la hora de escoger partidas, y repensarlas «de aquí al pleno», ya que aseguró que «hay «124» de las que poder obtener «diez millones» y que serían «preferibles» a sacarlos del bus o la limpieza viaria. Además, el PSOE lamentó el «olvido» de 8 convenios (con Atades, UAGA o CCOO, entre otros, que el edil de ZeC justificó como «errores técnicos») que su voto particular sí rescató.

Trívez entonó el «sí se puede» de Podemos para reeditar con Rivarés la discusión sobre si la modificación propuesta es la que él planteó «hace tres meses» o si era «mejorable». La falta de diálogo y de presupuesto es la que deja «temblando» a los servicios ahora, remarcó Carmelo Asensio, de CHA, para quien la prioridad era salvaguardar «a todas las entidades, no a unas frente a otras». Pellizco al socialista en un pulso en el que apoya a ZeC.

«Sí se puede. Últimamente lo uso mucho», bromeó Rivarés, recordando que en las próximas elecciones estará en la lista de Podemos y no en la de ZeC. Este insistió en que la cuantía es diferente -son 23,5 millones, no 13-, y el momento también, ya que se produce después de que PP, PSOE y Cs tumbaran su presupuesto. «Es cuanto se puede hacer y con todas las entidades, no con la mitad», reiteró, mientras insistía en el «cero peligro» de estas infradotaciones.