Acabar el año sin un presupuesto aprobado en todas las administraciones públicas siempre genera incertidumbre, especialmente en aquellos colectivos que dependen de lo que se denomina gasto no obligatorio. Pero en año electoral, los calendarios hacen que estas prórrogas sean motivo de confrontación entre quienes gobiernan y quienes están en la oposición. En Aragón, el PP solo ha tardado 24 horas en apuntar la paralización del gasto social y las inversiones en la comunidad que provoca, mientras el edificio Pignatelli llama a la calma y su principal incertidumbre pasa más por recibir noticias desde Madrid. Con unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) que siguen sin fecha, solo necesita la confirmación de a cuánto ascenderá la aportación estatal a las arcas autonómicas en el 2019.
Mientras, en la capital, Zaragoza, la prórroga no se comportará de forma muy distinta, y el decreto municipal apunta a que habrá más de 701 millones para gastar mientras no haya nuevas cuentas aprobadas y «entre 70 y 80 millones de euros» quedarán retenidos hasta entonces. Sobre todo no se podrán abonar subvenciones, convenios e inversiones nuevas en la ciudad, para unas cifras que repiten las del 2018 a la espera de que comiencen las negociaciones «después de las Navidades».
A EJECUTAR EN JUNIO
El calendario, en el caso de la DGA, marca la pauta y, con la disolución de las Cortes a finales de marzo por la celebración de elecciones el 26 de mayo, ya es matemáticamente imposible que se cumplan con los habituales tres meses de tramitación en sede parlamentaria que requieren unos presupuestos. Pero eso no significa que, como aseguraba el diputado conservador Antonio Suárez, se paralice el gasto social. Al menos para el Ejecutivo autonómico, que apela, en el mismo decreto de la orden de prórroga, a la posibilidad de realizar la «tramitación anticipada» de todos aquellos gastos no obligatorios que se consideren de interés social, o que estén relacionados con sanidad o educación.
El objetivo no es otro que el Gobierno autonómico que salga de las urnas pueda aprobar y ejecutar el nuevo presupuesto a partir de junio. Y ese retraso se ve como algo asumible -sería la primera vez que no hay presupuesto- y, mientras llega, lo que sí podrá hacer el Gobierno es tramitar, incluso licitar inversiones nuevas que sean de interés social. Lo único que no podrá hacer es adjudicar, gastar. Pero esa gestión ya ocupa entre 5 y 7 meses de forma habitual, así que el retraso sería mínimo. Tampoco podrá abonar subvenciones, pero sí convocarlas y gestionar la convocatoria.
Mientras, la DGA ni siquiera puede saber qué cantidad global introducir en ese presupuesto porque las cuentas del Estado lo marcan todo. Aún así, esa previsión oficial podría llegar a lo largo de este mes de enero, a la vez que el Pignatelli ya tiene sus propias estimaciones, que pasarían por incrementar la aportación del Gobierno central en torno a «cien millones más que en el 2018». Y serían 170, otros 70 más, si se da marcha atrás a la decisión del Senado de fijar el objetivo de déficit para el 2019 en el 0,1% y no en el 0,3% que pretendían comunidades como Aragón.
No obstante, tampoco este último se considera un reto irrenunciable de cara a definir los presupuestos de este año, ya que hay formaciones políticas que ya se han mostrado a favor de reformar la ley de estabilidad presupuestaria. Solo así, se retrotraería la situación al escenario inicial. Y aumentaría la disponibilidad económica para las arcas autonómicas.
Mientras, el PP arremetía contra el Ejecutivo de Javier Lambán por entender que esta prórroga actual provocará una parálisis en el gasto social y en las inversiones, en contra de lo anunciado por el Gobierno. Suárez señaló ayer que esta impedirá hacer nuevas inversiones en residencias de la tercera edad, colegios y centros de salud, y criticó que el año pasado el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, asegurara que la no aprobación de los presupuestos del 2018 supondría una afección en el gasto social de más de 100 millones y este año le «quita importancia». Ahora le requerirá en una comparecencia parlamentaria que detalle sus cifras.
Además, achacó a un «intento de electoralismo» que en la orden de la prórroga se incluyera el apartado que permite realizar determinadas transferencias «en función de la atención ordinaria de las necesidades colectivas». Para él, da «más poder» a Gimeno y «aumenta la discrecionalidad», y genera «inseguridades» entre las entidades porque quedan «al pairo» de lo que el consejero decida bloquear y cuáles disponga para «salvar» las transferencias a las entidades que «le interesa».
Así, Suárez opinó que el Ejecutivo autonómico «no ha tenido intención de negociar» el presupuesto y le produce «cierta hilaridad» que quiera aprobarlo antes de la disolución de las Cortes y seguir negociando tras la disolución.
Pero el presidente de Aragón, Javier Lambán, no tardó en responder, garantizando la continuidad del concierto social para la atención a las personas con discapacidad, dependencia y exclusión social, gracias a la prórroga del acuerdo marco que termina en marzo de este año y que prevé 158,8 millones hasta el 2022. Lo dijo en su visita a un centro ocupacional y una residencia de Atadi en Teruel, donde quiso «tranquilizar» a sus gestores asegurando que están «a salvo de cualquier tipo de prórroga».
Mientras, en Zaragoza, la calma es total. Los partidos de izquierdas siguen sin fecha para sentarse a hablar y también miran a Madrid, al Ministerio de Hacienda, que sigue sin levantar el veto que le impide captar más deuda a largo plazo, crucial en las cuentas del 2019 que sigue sin pasar de ser un borrador.
