La Fiscalía cursó el año pasado 627 expedientes de protección de menores, un 50% más que el año anterior, cuando fueron 397. Fue el aumento más destacado del curso, según la memoria que presentó ayer en las Cortes de Aragón el fiscal jefe de la comunidad, José María Rivera. Ante la insistencia de los grupos parlamentarios, admitió que "es posible" que sea un efecto de la crisis económica, aunque no se atrevió a asegurarlo. "Nos ha sorprendido. Estamos ahí afrontando las situaciones", respondió a los diputados.
Rivera compareció ante la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario de las Cortes, para presentar la memoria de la Fiscalía correspondiente al año pasado. El documento recoge, además del asunto de los menores, un estancamiento del resto de la litigiosidad, incluso un descenso en violencia de género y delitos contra la seguridad vial.
Pero el fiscal superior centró gran parte de su discurso y su preocupación en la corrupción, y destacó la creación de una unidad especial para estos asuntos en Zaragoza, con dos fiscales dedicados en exclusiva. Aseguró que la corrupción era "anecdótica" hace unos años y ahora su investigación se ha transformado en un proyecto "ambicioso".
La Fiscalía está "especialmente sensible" ante la corrupción porque afecta a la "credibilidad de las instituciones y a la moral de los ciudadanos", pero persigue estos delitos, manifestó el máximo representante del ministerio público en Aragón, con "determinación y prudencia". Ya que pueden dar lugar a situaciones que "quedan en nada".
A este respecto y sobre el impacto mediático que tienen los imputados, manifestó que los ciudadanos tienen la percepción de que cuando alguien va al juzgado "algo habrá hecho" y "contra eso no podemos hacer nada".
Rivera defendió la "absoluta independencia" de la Fiscalía del Ejecutivo, y reconoció que se "ha mejorado mucho" en las instalaciones, con las nuevas sedes de Zaragoza y Huesca, y que se avanza en el uso de las aplicaciones informáticas como las videoconferencias.
En cuanto a los asuntos, señaló que en los procedimientos penales y civiles han sufrido "un estancamiento" con leves alzas y bajas pero sin grandes modificaciones, y rechazó que sea consecuencia de las nuevas tasas, ya que, recordó, los asuntos penales están exentos.
En estos procedimientos penales se ha registrado una disminución, que en los casos de violencia de genero ha tenido una caída del 13% mientras que han aumentado las diligencias previas en la violencia doméstica, aunque no ha habido "una eclosión reseñable".
Lo mismo ha sucedido con los delitos societarios e informáticos, mientras los de seguridad vial experimentaron un descenso del 15% en juicios rápidos.
Los grupos valoraron el trabajo de la Fiscalía en Aragón, aunque la oposición pidió más medios personales y materiales.
