El bilbilitano José Luis Calvo inició ayer una huelga de hambre indefinida, según reza la pancarta que exhibe junto a las oficinas del Registro de la Propiedad de Calatayud, "ante la injusticia, prevaricación y tráfico de influencias".
Después de 40 años trabajando en esa misma oficina, en el 2002 José Luis Calvo fue expedientado por la registradora Margarita Zozaya y despedido en virtud de la sentencia del Juzgado de lo Social nº 2 de Zaragoza, ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Sin embargo, José Luis sostiene que el fondo del problema fue la denuncia que él y otro compañero, también despedido después de 45 años de servicio, hicieron de "las irregularidades y la lamentable situación" de la oficina en la que ambos eran oficiales.
Para José Luis Calvo, el Registro de la Propiedad se había convertido en un verdadero "desastre desde la llegada de Margarita Zozaya, en 1991". "Trabajábamos 100 horas a la semana y para colmo el servicio era malo".
Calvo y otro compañero denunciaron los hechos en el 2000 ante el Decanato autonómico del Registro de la Propiedad, si bien --según su versión-- no obtuvieron ninguna respuesta. Ante el "silencio administrativo", ambos acudieron a la Inspección de Trabajo, que no halló ninguna irregularidad.
Lo que sí fructificó fue el expediente abierto a estos dos trabajadores, que finalizó con el despido de ambos. Tal como señaló ayer el abogado de Margarita Zozaya, el Juzgado nº 2 de lo Social consideró procedente el despido por "un evidente fraude, deslealtad e insubordinación susceptible de ser apercibido con el despido". Una sentencia que, para Calvo, respondió a "la prevaricación y el tráfico de influencias que existían dentro del Ministerio de Justicia".
Durante este proceso, que finalizó con la pérdida de su empleo, José Luis Calvo entró en una "depresión mayor", como consta en un documento del Insalud de marzo de 2002. Su enfermedad le llevó, según confiesa, a enviar escritos "poco afortunados" a Margarita Zozaya. Uno de ellos rezaba: "Los maníaco-depresivos somos gente peligrosa, sobre todo para algunas registradoras". Textos así llevaron el caso al Juzgado de lo Penal nº 7 de Zaragoza, que condenó a Calvo en junio de 2003 por "injurias y amenazas" a una pena de seis meses de prisión, si bien la ejecución de la pena quedó suspendida por un plazo de dos años, condicionada a que durante este tiempo "no volviese a delinquir y no se aproximara a Margarita Zozaya ni se comunicase con ella por cualquier medio".
Ahora, ha iniciado una huelga de hambre indefinida en la puerta del Registro de la Propiedad y el abogado de Zozaya ya ha anunciado que informará convenientemente al juzgado.
