La provincia de Zaragoza conserva al menos 42 vestigios públicos relacionados con la dictadura franquista que a partir del próximo mes de febrero del 2019 no cumplirán con la ley de memoria democrática aragonesa que entrará en vigor en esa fecha.

La Fundación 14 de abril ha estado trabajando en el último mes en un mapa interactivo para facilitar la identificación de unas señales y homenajes que deberían ser retirados. «En estos ayuntamientos aún no han tomado la decisión o por ideología o por desidia», manifestó ayer la secrataria del patronato, Marga Lasmarías durante la presentación de esta herramienta digital.

La fundación evidencia la existencia de estos restos de la dictadura en calles, plazas y muros de las iglesias. También en carreteras y diversos espacios públicos como cementerios. Algunos ejemplos como los yugos y las flechas de las viviendas sindicales no se han recogido en el catálogo por falta de medios para llevarlo a cabo. «Se tienen que retirar lo antes posible para superar finalmente una época negra, sobre todo ahora que se afianza un nuevo fascismo en muchas zonas de Europa», explicó el presidente de la fundación y también coordinador general de IU, Álvaro Sanz.

modelo dinámico / Para los próximos meses está pendiente realizar una labor similar en las provincias de Huesca y de Teruel. El modelo elegido volverá a ser la página web, pues de esta forma pretenden mantener actualizados los listados. «Queremos completar la relación de espacios que recuerdan y homenajean al franquismo, y recoger cada vez que uno de estos espacios dejen de estar dedicados a la dictadura», señala Lasmarías.

Un ejemplo reciente tiene que ver con la calle 10 de agosto de Zaragoza, que en estos momentos ya ha cambiado de nombre por el de Desideria Giménez, una joven de 16 años, que encabezó la manifestación del 1º de Mayo en Jaca, en 1936. Pocos días después del golpe fascista fue detenida y fusilada.

«Nos ayudaría mucho que nos llegue la información de todos y cada uno de los espacios públicos que queden en cada una de las calles, plazas o barrios de nuestros pueblos y ciudades», expresan. Además consideran que «es importante» que se les comuniquen los acuerdos municipales o las acciones ciudadanas que consiga retirar cualquiera de los símbolos franquistas que quedan en la actualidad.

Cuando entre en vigor la ley de memoria histórica el próximo febrero los pueblos que mantengan este tipo de referencias a la dictadura se arriesgan a ser multados o a perder subvenciones públicas. «Es el momento de acabar con toda esta simbología», resumió Sanz.