Las declaraciones efectuadas el pasado miércoles por el consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sebastián Celaya, en el sentido de que los jóvenes y los profesionales sanitarios prefieren vivir en Zaragoza a hacerlo en Huesca causaron ayer una oleada de indignación en la provincia de Huesca, sin distinción de fuerzas políticas.
El propio alcalde de Huesca, el también socialista Luis Felipe, envió una carta al responsable de Sanidad en la que lamenta sus declaraciones, en las que también señaló que «la realidad es que la gente joven tiene cada vez más tendencia a vivir en las grandes ciudades y no quieren quedarse en las periféricas».
El alcalde manifestó su preocupación al respecto en un doble sentido. Por un lado, «por el estado al que puede verse abocado el hospital San Jorge, que podría no llegar a cubrir adecuadamente su cartera de servicios sanitarios». Y, por otro, «por lo desafortunado de las citadas declaraciones, que suponen un agravio para la ciudad de Huesca y su provincia». Luis Felipe afirmó que espera que Sebastián Celaya rectifique esas declaraciones, pues considera que su departamento «debe impulsar políticas que contemplen al conjunto de Aragón y garanticen con ello el acceso a la sanidad pública de todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia».
Por su parte, el Partido Popular oscense emitió un comunicado en el que criticó igualmente con dureza las declaraciones de Celaya, en las que achacaba a ese supuesto la falta de personal especiallizado en los centros hospitalarios de la provincia.
La diputada autonómica del PP por Huesca Carmen Susín señaló ayer que «el auténtico problema sanitario de Aragón es esa actitud de señorito del consejero, que vive en el prejuicio de que los altoaragoneses somos unos provincianos sin derechos».
Susín, que mantuvo que «a Celaya le ha traicionado el subconsciente», consideró que las palabras del consejero de Sanidad implican «un evidente desprecio de la población y una dejación de responsabilidades sin precedentes en un Gobierno autonómico».
La obligación de Celaya, subrayó, «es, precisamente, impedir los agravios comparativos en lugar de asumirlos como si fueran una sentencia justificada e inamovible». Susín recordó que, en el pasado mandato, Celaya criticaba que los vecinos del Actur, en Zaragoza, tenían que desplazarse al paseo de Sagasta para recibir atención especializada. «Ese es el único horizonte de Celaya», concluye la diputada.
