La oposición en el Ayuntamiento de Zaragoza no quiere esperar a que el Tribunal Constitucional dicte sentencia sobre el artículo 14.1 de la ley de capitalidad que facilitó su expulsión de la toma de decisiones de las sociedades municipales. Ayer el PSOE, Ciudadanos (Cs) y CHA firmaron una solicitud de convocatoria extraordinaria de la junta de portavoces para forzar a Zaragoza en Común (ZeC) a rectificar y accede a devolver la proporcionalidad del pleno a los consejos de administración. Consideran que la estrategia del Gobierno de Pedro Santisteve es la de alargar lo máximo posible el único camino que le queda, que es «recular» en su decisión del pasado 9 de febrero, y restan valor al informe de los servicios jurídicos que avalaban la actitud de mantenerla vigente mientras el Tribunal Constitucional no se pronuncie. El recurso de inconstitucionalidad presentado por el Ejecutivo central está presentado y es cuestión de tiempo que le obligue a hacerlo.

Los tres partidos optaron por mante la misma posición férrea de los últimos siete meses. Devolver la normalidad democrática a las empresas públicas es fundamental para recuperar el diálogo en el consistorio, pero tras el recurso interpuesto por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en agosto, el tiempo corre en su contra y la solución está en su mano.

El portavoz del PSOE, Carlos Pérez Anadón, indicó que el informe de los servicios jurídicos era «de parte», atendiendo a las indicaciones de ZeC y que «solo ha podido ser pedido para ganar tiempo y equivocarnos en el camino a recorrer, para no hacer lo que tiene que hacer», que es rectificar en su decisión de febrero de expulsar a la oposición de la toma de decisiones de las sociedades. A su juicio, este documento cae en notables contradicciones al señalar que si se suspende el artículo 14.1 no estaría obligado a restaurar la legalidad y devolverles su puesto en los consejos de administración.

Por parte de Cs, su portavoz, Sara Fernández, defendió que hay que analizar el futuro de la oposición en las sociedades municipales en caso de que el TC suspenda el artículo 14.1 de la ley de capitalidad, porque ya le preguntó en agosto al alcalde y no ha obtenido respuesta. Así quiere con esta junta de portavoces que Santisteve «dé la cara» y no «caiga en la tentación» de «dilatar los plazos, justificándose en que no había previsto ninguna de las posibles situaciones que se pueden dar». A su juicio, ya «puede dar por finalizado el secuestro a la democracia hoy mismo, si de verdad quiere, y así evitar un nuevo ridículo judicial».

«De la misma forma que nos cesó, mediante decreto, puede volver a restablecer la situación a antes de su golpe el 9 de febrero», añadió la concejala de la formación naranja, que lamentó que al alcalde «se le llene la boca hablando de participación y democracia cuando mantiene secuestrados los derechos de la oposición en unas sociedades que están tomando decisiones partidistas aprovechándose de la mayoría que se fabricó en un despacho de manera dictatorial».

El portavoz de CHA, Carmelo Asensio, exigió al alcalde que explique en la junta de portavoces las medidas que va a adoptar tras conocer el informe de la asesoría jurídica que avalaba una hipotética huida hacia adelante en el golpe a las sociedades tras el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno Central. «El único margen que le queda es recular y devolver la normalidad democrática a las sociedades, antes de que le obligue el Tribunal Constitucional», valoró el edil nacionalista. Este aseguró que «aún es posible sentarse a dialogar para alcanzar acuerdos en temas tan importantes para la ciudad como el plan de movilidad, el de vivienda, o el presupuesto y las ordenanzas fiscales del 2019». «La pelota está en el tejado del alcalde», concluyó.