El secretario federal de Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, ha exigido hoy al Gobierno que, "en paralelo" a fijar un nuevo modelo de financiación autonómico, establezca otro nuevo para los entes locales con premisas distintas a las actuales, que ponga fin a criterios que ve "anquilosados".
Esta petición se produce después de que ayer Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, anunciara que pasada la Semana Santa convocará el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para tratar la reforma de la financiación autonómica.
El dirigente socialista, que se ha reunido en Granada con alcaldes, portavoces y representantes municipales para analizar los primeros efectos de la reforma de la Administración local, ha reclamado que, en paralelo a la negociación sobre el nuevo modelo de financiación autonómico, se ponga en marcha además la negociación para establecer un nuevo modelo de financiación local.
Ha considerado indispensable que se modifiquen criterios como el de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE), que en su opinión se encuentran "anquilosados y fuera de la realidad".
Este nuevo modelo deberá abrirse además, como ya ocurre en Andalucía, a que los ayuntamientos reciban una parte "significativa" de los impuestos que recauda la comunidad.
De hecho, las comunidades recaudan el 50 por ciento del IVA, también este porcentaje del IRPF y una cuota muy importante de los impuestos especiales, ha recordado.
Zarrías ha incidido además en los efectos nefastos de la reforma local, que ha considerado "la ley más recurrida en la historia de nuestra democracia".
"La ley ha sido recurrida por más de 130 diputados, por cuatro comunidades autónomas, por seis parlamentos autonómicos y ha suscitado la movilización generalizada en contra de los ayuntamientos, con 2.353 consistorios que han presentado recurso y que representan en torno a 17 millones de españoles", ha detallado.
A su juicio, esta normativa representa "un paso atrás gravísimo", ya que no solamente transgrede la Constitución, invadiendo competencias y restando autonomía local, sino que además maniata a los ayuntamientos para llevar a cabo las tareas que la Carta Magna les encomienda.
Zarrías ha alertado del peligro de la pérdida de fondos europeos, al hurtar a los consistorios la competencia para ejecutar los planes de empleo local.
Ha cifrado en 500 millones de euros la cuantía que perderían los ayuntamientos por esta circunstancia, algo que, a su juicio, constituye "una auténtica barbaridad" con las cifras de desempleo actuales.
El representante socialista también se ha referido al Plan de Pago a Proveedores y ha asegurado que lo que era "una buena idea", ha acabado convirtiéndose en "un verdadero problema" por los severos planes de ajuste que requiere este programa.
Ha advertido de que la financiación de estos planes está suponiendo un incremento brutal de impuestos municipales, el deterioro de la calidad de los servicios municipales e incluso su desaparición.
