El PSOE exigió ayer al Gobierno de Zaragoza «celeridad» en el pago de las facturas de las empresas que se encargan de prestar servicio en los centros de tiempo libre (CTL) y ludotecas, que llevan desde marzo sin cobrar. Un retraso que motivó a la concejala socialista, Pilar Alegría, a solicitar la hoja de ruta del equipo de Jorge Azcón, «sobre todo en materia de acción social».

La deuda del consistorio con estas empresas asciende al millón de euros, según Alegría, lo que ha provocado que haya dos empresas que ya no puedan pagar a sus empleados, como son Os Mesaches y Trazgo. Una situación que viene de lejos, ya que las facturas están pendientes de su autorización desde marzo, entonces con Zaragoza en Común (ZeC) al frente del Gobierno, y que ayer también exigió a PP-Cs que «asuman su responsabilidad y pague a los centros». Además, criticó que hay «más de 47 convenios de Acción Social preparados desde el final de la pasada legislatura que no se pudieron firmar por la prórroga presupuestaria» pendientes de ser aprobados y autorizados.

Para Alegría ha habido pocos avances con el cambio de Gobierno que se está dedicando, dijo, a hacer una «política de parcheo». «Solo estamos viendo un continuo book fotográfico por parte del alcalde (Jorge Azcón), dada esa pasión que tiene al flash», afirmó. Así que clamó por un «buen Gobierno para que las familias no se vean afectadas por el impago a los CTL y los profesionales no vean cómo pasan los meses y no cobran sus nóminas».

Según Alegría, los meses que llevan al frente de la ciudad PP-Cs son «tiempo suficiente para que se dejen de lamentos y de mirar atrás y se pongan a trabajar por el presente y el futuro de los zaragozanos». Desde la concejalía de Acción Social explicaron que, posiblemente, los cobros se realicen en septiembre, después de que el pleno de julio aprobase los pagos. Sin embargo, desde el PSOE propusieron que se haga uso de la ley de concertación, aprobada por el Gobierno de Aragón en el 2016, y que «posibilita que las instituciones de carácter solidario no se tengan que regir por la ley de contratación pública».

De esta forma, estas empresas, habitualmente con pocos empleados y una capacidad económica limitada, no tendrían que competir con empresas mercantiles y, además, permitiría encontrar fórmulas más flexibles y que agilizasen los trámites, según explicó Alegría.