El PSOE guarda silencio sobre la apertura de juicio oral por falsedad en documento oficial al alcalde de Cosuenda, Óscar Lorente, quien también es diputado provincial en Zaragoza y miembro de la Ejecutiva provincial del partido. Ni el departamento de comunicación, ni el secretario general del PSOE Zaragoza (y presidente de la diputación provincial) Juan Antonio Sánchez Quero, ni el secretario de organización autonómico, Darío Villagrasa (ni el provincial, Martín Nicolás) hicieron declaraciones al respecto, y fuentes de la Ejecutiva de Organización Territorial nacional remitieron para cualquier información a la territorial de Zaragoza.

Como mucho, los consultados se refirieron a que las decisiones oportunas se adoptarán en el órgano competente, sin más detalle.

El código ético de la formación socialista no deja mucho lugar a la ambigüedad en estos casos. El documento marca claramente que los cargos públicos o electos del PSOE a los que se les abra juicio oral tendrán que dimitir en el momento en que se les dé traslado de esta acción y solicitar la baja voluntaria del partido. O en caso contrario, será la formación la que deberá suspenderles cautelarmente de militancia y, en su caso, expulsarles del PSOE.

A Lorente se le ha abierto juicio oral por la supuesta falsificación en documento oficial, por la que la Fiscalía pide cuatro años de prisión, además de inhabilitación, y la acusación particular, a cargo de un vecino disconforme con las obras de la variante de Cosuenda, la eleva a seis años de cárcel.

Según el ministerio público, la falsedad se cometió en una certificación expedida por el consistorio el 27 de marzo del 2017, trasladada posteriormente al registro de la propiedad de Daroca.

El primer edil socialista defiende su inocencia y asegura que está siendo objeto de una «venganza», pero que todo el proceso es legal y él no ha firmado en nombre de nadie. El código ético contempla que, en caso de resultar inocente, el partido le restituiría en su cargo y restauraría su honorabilidad.