El PSOE bilbilitano se mantiene en el ring y no parece dispuesto a bajarse. Si el martes el alcalde echaba mano de lo mejor de su repertorio --"obsesos" llegó a llamarles-- para acusar a los socialistas de colapsar la gestión municipal, ayer el equipo que encabeza Víctor Ruiz se defendía de las acusaciones e incluso dejaba entrever cierta satisfacción interna en su grupo por los nervios que han provocado en el equipo de Gobierno. "Será que estamos trabajando bien".

Del caso del supuesto acoso al personal laboral del departamento de Hacienda --antes había 23 firmas de queja, ahora 19--, los socialistas se limitan ya a reducirlo al nivel más elemental: "Si en verdad se sienten acosados por nosotros, ahí tienen los tribunales", dijo Ruiz."O demuestran en los juzgados lo que están diciendo o paran el caso; de lo contrario al final provocarán que seamos nosotros quienes actuemos".

APROBACION DE TASAS Con todo, el PSOE bilbilitano ha iniciado el contrataque con papeles, más que con palabras. Manejan un dossier al que ha tenido acceso este diario que les lleva a la conclusión de que el aumento de algunas tasas para el año que viene "no se ha gestado adecuadamente". Concretamente, se refieren a los impuestos de los servicios de abastecimiento de agua y de recogida de basuras, que aumentarán un 8,9% y un 5%, respectivamente el año que viene, según se aprobó en pleno gracias a la mayoría absoluta del PP el pasado día 6.

El PSOE considera que la normativa exige que un aumento de impuestos debe estar documentado mediante un informe económico de la interventora municipal, por lo que reclamó sendos informes en el pleno. La interventora accidental desde hace 17 años, María José Gallego Palacios, dijo entonces que los informes existían, pero no los mostró.

Días después, el 14 de septiembre, el propio alcalde remitió al PSOE dos documentos a los que confería el peso específico requerido por la oposición para justificar la subida impositiva. El primero está firmado con fecha 22 de julio por Pascual Lallana Hernández --actual alcalde de Maluenda por el PP--, como gerente de la empresa Gestión de Aguas de Aragón, en el que se señala lo siguiente: "Considerando un incremento del IPC del 3% y la necesidad de generar 56.757 euros, debido al incremento del canon y costes analíticos generados por el Real Decreto 140/2003, supondrá para el año 2005 la aplicación de una subida de tarifas anual del 8,9%".

El PSOE se queja, principalmente, de que el informe no lo ha hecho la interventora, como debe ser preceptivo, sino la empresa que tiene precisamente adjudicado el abastecimiento de agua en Calatayud.

Respecto al impuesto de basuras, el informe enviado por Martín para justificar un aumento del 5% lo firma un técnico de intervención, no la interventora, y, lo que más ha llamado la atención en el PSOE, lleva fecha de 30 de abril pese a ser entregado el 14 de setiembre.