El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza reeditó ayer el debate sobre la posición del Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) respecto al Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) con la única novedad del pulso que mantuvo este con el grupo municipal del PSOE. El socialista Javier Trívez dejó entrever que el estudio encargado a la universidad sobre el tributo y la posible revisión de la ley de aguas ya ha llegado al consistorio y no se ha facilitado a la oposición. «Yo no lo tengo», aseveró el responsable de Economía.
Sobre este encargo, que le va a costar al ayuntamiento 7.000 euros, giró toda la discusión, en la que la oposición afeó a ZeC que gaste dinero de todos los zaragozanos en algo que no es competencia municipal sino de las Cortes. Y más si apuesta, como reiteró ZeC, por derogar el impuesto. Se persigue, le recriminaron, «rascar votos aprovechando la corriente de la calle». «Si la DGA no sabe enmendar el barullo en el que se ha metido, igual hay que ayudarle», replicó Fernando Rivarés.
Para Trívez este encargo es «absurdo» y no era «urgente ni necesario». «Les estamos haciendo el trabajo a los diputados de las Cortes», añadió María Navarro, del PP. Sara Fernandez, de Ciudadanos, intuyó que «se lo ha pedido Podemos». «¿Quién manda en ZeC?, preguntó Carmelo Asensio, portavoz de CHA.
