El PSOE aragonés ingresó en el ejercicio del 2013 74.780,07 euros en donaciones y legados. El dato figura en las cuentas que publicó el partido, dentro de las medidas de regeneración y transparencia impulsadas por el secretario general, Pedro Sánchez. Las cifras contables de la formación, en el ámbito federal y territorializadas se acompañan con las declaraciones de renta, bienes y intereses de los cargos públicos con dedicación exclusiva.

La federación aragonesa, según figura en los documentos publicados en la web www.psoe.es recibió en el 2013 una subvención de las Cortes de Aragón de 912.915,84 para el funcionamiento interno del partido. Es el ingreso más importante que recibe la formación. Le permitió cerrar el ejercicio con un beneficio de 4.342,68 euros.

PAGOS Las cuotas de los afiliados suponen unos ingresos de 344.380,80 euros para las arcas del PSOE aragonés. Hay que añadir los 3.131,04 euros que aportan las juventudes socialistas. En conjunto suman 347.411,17 euros correspondiente a las aportaciones que realizan todos los que tiene carnet del partido. Los cargos públicos socialistas, están obligados a aportar sus propias cantidades, que varían de unos años. En total la formación percibe en la comunidad 33.594,48 euros de sus representantes públicos con dedicación exclusiva.

Las aportaciones de los cargos no son igualitarias. En la documentación publicada en la web no aparecen los pagos en la mayoría de los casos. Pero sí en algunos. El futuro candidato a la alcaldía de Zaragoza y segundo teniente de alcalde del ayuntamiento hace una donación mensual de 120 euros, y además abona su cuota como afiliado, de 60 euros al año. Iguales cantidades aportan los también ediles del consistorio de la capital, Jerónimo Blasco, Fernando Gimeno, o Lola Ranera. Más generosa que todos ellos es la diputada en el Congreso, e integrante de la ejecutiva federal, Susana Sumelzo, que entrega de forma voluntaria 285 euros por 14 cuotas a su formación. Además paga los 60 euros que le corresponden como afiliada. El resto de cargos públicos de la comunidad, al menos los que tienen escaño en las Cortes, no aportan datos al respecto en la documentación.