El acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos para reformar el impuesto de Sucesiones tuvo una consecuencia inesperada en el seno del Gobierno de Aragón. Podemos se levantó, como represalia, de la mesa parlamentaria en la que se estaba negociando la llamada ley de renta básica, una de las principales apuestas del Ejecutivo en materia social.
Tras este desplante, la diputada Amparo Bella insistió en que la DGA debería «retirar» el proyecto legislativo por no consideralo «útil para la sociedad». El partido previamente había citado a las entidades sociales. «Es necesario que la renta que se apruebe cumpla lo que manda Europa en cuanto a los mínimos para poder comer y vivir dignamente», reafirmó el portavoz de de la Red de Renta Básica en Aragón, José Luis Cabello.
La diputada fue muy crítica con el cambio de aliado de la DGA y aseguró que no se quedan «callados» cuando el presidente Javier Lambán dice que «va a dejar de recaudar 45 millones por la reforma del impuesto de Sucesiones para poder atender a un 1% de la población que tiene una situación de riqueza y, sin embargo, no puede acceder a lo que Podemos Aragón plantea sobre la mejora de la vida de los aragoneses».
La respuesta desde el PSOE no se hizo esperar. Y llegó en un tono conciliador, tratando de demostrar la validez de la ponencia parlamentaria, a pesar de que no se reúne desde hace más de diez meses. «Nuestra responsabilidad y la del resto de grupos parlamentarios es conseguir que en Aragón haya una renta básica al igual que lo han hecho otras comunidades autónomas y si ponemos todos algo de nuestra parte podemos sacarla adelante», replicó la diputada socialista Pilimar Zamora, encargada de coordinar los trabajos.
Por este motivo defendió la validez del texto que se estaba consensuando «con más de 46 entidades sociales y más de 230 aportaciones y muchas horas de debate». Y señaló que al frenar los avances se perjudica «a las familias que lo necesitan».
