El grupo socialista en el Congreso rechazó una moción de Unidos Podemos en la que se solicitaba una comisión sobre las obras de Yesa en la que estuvieran todas las partes implicadas en esta polémica obra. Esa moción había sido pactada en cuatro de sus cinco puntos por el diputado podemista Pedro Arrojo con el Ministerio de Transición Energética, tanto con su secretario de Estado como con la ministra, por lo que sorprendió al grupo proponente la virulencia con la que intervino el diputado socialista que defendió su posición, Rafael Simancas. Apenas una hora después de que el PSOE rechazara esta iniciativa, el ministerio emitió una nota en la que confirmaba su intención de cumplir el acuerdo con Podemos en cuatro de sus cinco puntos.

Fueron horas de tensión en el grupo, tras las posición contraria de Lambán a la aprobación de esa moción. Hasta el punto de que iba a intervenir en la iniciativa el socialista zaragozano Óscar Galeano, defensor de rechazar la propuesta por orden de Lambán, en contra del sentir inicial del grupo y del acuerdo entre Podemos y el ministerio. A última hora, Simancas intervino en su lugar y --sorprendentemente-- atacó duramente la iniciativa.

El diputado socialista Rafael Simancas recordó que se trata de una obra de interés general que se ha ejecutado «desde el diálogo y la transparencia» e insistió en que cuenta con los informes que avalan su seguridad (a pesar de que otros informes técnicos la cuestionan y ha habido deslizamientos que han provocado el desalojo y demolición de una urbanización y el sobrecoste de la obra para reforzar el estribo de una ladera). Simancas defendió la utilidad de esta infraestructura para contrarrestar los periodos de sequía que sufren algunas regiones y para paliar los daños que causan las crecidas de los ríos en esa zona, y calificó de «incierto e irresponsable» apuntar que el recrecimiento de la presa pone en peligro a miles de personas, coincidiendo con la posición que defendió el diputado del PP, el también zaragozano Eloy Suárez.

La propuesta de Arrojo y que aceptó el ministerio --tal y como posteriormente confirmó con una nota-- no se oponía a la obra, sino que reclamaba «abrir un proceso de diálogo social e interinstitucional sobre la gestión que deba hacerse en el futuro de esta infraestructura» con el ministerio, los Gobiernos de Aragón y Navarra, los ayuntamiento «implicados en el conflicto», regantes ya fectados, así como «promover un equipo de estudio con expertos de reconocido prestigio en materia de riesgos geotécnicos y seguridad de presas, que suscite la confianza de todas las partes» y legislar en materia de seguridad como hacen en Estados Unidos, Portugal o Italia.

Arrojo, profundamente abatido, manifestó su «decepción absoluta» por la posición del grupo socialista y «las presiones ejercidas por Lambán, rompiendo un acuerdo alcanzado desde una posición constructiva, saboteando el diálogo social y el acuerdo con el propio Gobierno». Arrojo lamentó esta posición frente a posturas socialistas más «dialogantes» como la de la exministra Narbona.