La reforma del impuesto de Sucesiones en la comunidad seguirá adelante según la hoja de ruta pactada por el PSOE con los partidos del centroderecha. Así quedó ayer de manifiesto tras el rechazo rotundo por parte de los socialistas a la propuesta alternativa elaborada por Podemos y CHA, con la complicidad de IU. «El presidente Javier Lambán rompe la progresividad, que pague más el que más tiene, y permite que quien ya tiene muchísimo dinero no pague nada por recibir otra herencia», denunció el secretario general de Podemos, Nacho Escartín.

A falta conocer cómo afectará a la estabilidad parlamentaria de la DGA esta maniobra fiscal, el portavoz del PSOE, Javier Sada, defendió que se trata de un acuerdo «puntual» que no sentará un precedente en las relaciones. Sin embargo, las molestias entre los grupos que votaron la investidura son más que evidentes, sobre todo en el caso de CHA, con los que comparten Gobierno. «Es un disparate que una propuesta así venga de un partido que se dice que izquierdas o progresista, cuando es a la hora de hacer política con mayúsculas Lambán siempre está a otras cosas», insistió Escartín.

Por parte del PSOE sorprendió que la cita celebrada en las Cortes de Aragón y en la que estuvo presente el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, no estuviera presidida por un documento concreto y detallado de medidas alternativas. En todo caso, sobre la mesa impulsada por la izquierda se defendió la armonización fiscal «pero desde la justicia y la progresividad», de forma que se propuso situar el mínimo exento de pago entre los 200.000 y los 300.000 euros. También se habló de la adopción de indicadores o multiplicadores para incrementar la aportación de quienes más pagan, con el fin de no perder ingresos,

Sada recordó que el cambio de postura del partido fue «inevitable» tras constatar que varias comunidades decidieron bajar sensiblemente el impuesto o casi eliminarlo. En ese momento la DGA tomó la decisión de reformarlo para que Aragón dejara de estar a la cabeza en este tributo, con la intención de situar el mínimo exento en la media española. Recordó que para lograr esa «justicia territorial», el PSOE ha tenido que buscar «aliados parlamentarios» en fuerzas que no son «sus socios preferentes», porque «lo fundamental» no es «con quién» se pactaba, sino «el qué».

La portavoz de Podemos, Maru Díaz, indicó que está «profundamente preocupada» por la decisión de Lambán, que «confirma la sospecha» de que el presidente «no se entera» del cambio político producido a nivel nacional y que en Aragón «juega a otra guerra y no a la política con mayúsculas».

El portavoz de CHA, Gregorio Briz, aceptó solo de forma parcial estas explicaciones. «Se trata de un hecho puntual que, aunque grave, no tiene por qué enturbiar las relaciones en el Ejecutivo», evidenció. Y por ese motivo exigió que las cosas «se queden donde están» y que no se produzcan más repercusiones negativas.

Luquin, por su parte, se reafirmó en la posición de IU de no tocar el impuesto, y confirmó que en el próximo pleno, en el que se tiene que debatir la medida, pertenden presentar una enmienda de devolución a una propuesta que «rompe la progresividad fiscal». El partido estuvo presente en la reunión aunque no ha participado en el proyecto alternativo que es responsabilidad conjunta de Podemos y CHA.