Quedó la mañana para que todos, hasta Vox, se quejaran del modo déspota con el que Azcón dirige dentro y fuera. No hay consenso hace muchos días, casi casi desde que a principios de junio se firmó un documento con 286 medidas para el futuro de Zaragoza. Todos lo rubricaron menos ZeC, que ese día se desmarcó así: «El alcalde entiende el gobierno como un negocio privado. Ni siquiera se ha votado el dictamen y ya han anunciado una foto para el viernes con los agentes sociales», dijo Pedro Santisteve, que ayer le reprochó sus gestos de autoritarismo. Por lo mismo se han quejado últimamente unos y otros. Hablan de maltrato a los grupos, de déficit de transparencia y de repetidos incumplimientos con la oposición. «Falta lealtad institucional», afirmó el exalcalde, que recalcó las formas, feas, en las que se convocan las juntas de portavoces, mal o tarde. O tarde y mal. O el conocimiento por la prensa de anuncios como el de las nuevas ordenanzas fiscales. Lo critica Zaragoza en Común, pero también Lola Ranera o Fernando Rivarés. Incluso a su derecha le sugirió ayer Julio Calvo que no le hablase «en modo imperativo».

Ya se ve que no salió gran cosa ayer del ordinario pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, más allá de que las dos alas se enredaran un rato para distinguir o distinguirse del feminismo y sus paridades, asunto que tanto revuelo suele causar en el salón principal del consistorio desde que Vox se sienta allí. Se debatía la aprobación del nuevo tribunal de contratos municipal cuando el grupo de ultraderecha anunció su abstención al no estar de acuerdo con la equivalencia en su composición.

«Que no es lo mismo paridad que igualdad», insistió Vox, que los considera términos «antagónicos» y desperezó un tanto la aburrida mañana al sacudir al ala izquierda. «Ya vale de chantajear al Gobierno de esta ciudad. Ya vale de enturbiarlo absolutamente todo hasta cuando todos estamos de acuerdo», le contraatacó Ros Cihuelo, del PSOE, que luego seguiría repartiendo en la sala de prensa, donde acusó a Azcón de presentar medidas «con ideología», «sin empatía y sin alma» y que solo permite a los grupos municipales presentar votos particulares a las ordenanzas sobre las que hace modificaciones, lo que «hurta el debate y la voz de la ciudadanía y eso es grave».

Para los socialistas, las ordenanzas «son desalmadas» porque dan la espalda a la ciudadanía y la bajada del tipo general de un 0,0031 «lo compensan triplicando otras tasas», explicó Cihuelo, que anunció que su partido presentará una proposición normativa para abrir el debate fiscal. Entre otras propuestas defenderán «bajar» el tipo general del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) al 0,40.

La semana no es la mejor para Azcón, a quien, mientras la batalla de la FEMP y los dichosos remanentes se le va torciendo, le ha explotado el asunto Fernando Simón en las narices tras afirmar que el epidemiólogo «no es digno» de ser Hijo predilecto de Zaragoza. «Me podía haber llamado para decirme que había cambiado de criterio. Hasta ahora se había dado libertad absoluta a los grupos municipales» en esta elección, le recordó Santisteve, que calificó el veto como una «bofetada» al artículo 1.1 de la Constitución (pluralismo político) antes de insistir en el autoritarismo del alcalde, también en los plenos, al cortar la palabra de los concejales, algo que Ángel Lorén repitió recientemente con la concejala de ZeC, Luisa Broto, cuando presidía la comisión de su área.

«Vemos que el maltrato a los grupos se plasma en ZeC con 32 preguntas sin contestar», lamentó Santisteve para señalar que si el Gobierno de la ciudad no facilita los datos «difícilmente se puede hacer el trabajo de oposición».

Hoy llega la junta de portavoces extraordinaria a petición de ZeC, que ve a Jorge Azcón «poco creíble», rompiendo consensos en su propio ayuntamiento: «Juega a unas cosas y hace las contrarias», concluyó.