Los tres ayuntamientos afectados por el proyecto de embalse de Biscarrués han denunciado ante la Audiencia Nacional uno de los trámites administrativos de la obra, cuya paralización cautelar no descartan pedir si se lleva a cabo en los próximos meses su licitación. Así lo aseguraron ayer en rueda de prensa los alcaldes de Biscarrués, José Torralba; Murillo de Gállego, Marta de Santos, y Santa Eulalia de Gállego, José Antonio Casaucau, que se mostraron convencidos de "ganar" en los tribunales el contencioso interpuesto.

En concreto, los alcaldes dirigieron sus críticas contra la aprobación del proceso de información pública del anteproyecto de la obra por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Como codemandados en el contencioso figuran la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón, principal beneficiaria de las obras de Biscarrués, y el Ayuntamiento de Fraga, que confía en disponer de una parte de los caudales regulados para el desarrollo de regadíos.

Según explicó el alcalde de Biscarrués, la demanda fue interpuesta en mayo del 2012, pero no pudo formalizarse hasta junio del 2013 debido a que el expediente de la obra aportado por el ministerio no incluía 40 documentos entregados por los ayuntamientos durante su tramitación, entre otros dos informes técnicos contrarios al proyecto.

Torralba comentó que los ayuntamientos afectados han solicitado a los responsables ministeriales una copia del protocolo suscrito con Riegos del Alto Aragón para la construcción del embalse a fin de conocer los términos exactos del acuerdo, pero insistió en la decisión de solicitar la paralización del proyecto si finalmente se licita.

El edil cuestionó, además, la aprobación de la declaración de impacto ambiental, con cuatro informes oficiales que desaconsejaban la ejecución del proyecto por motivos técnicos, de seguridad, hidrológicos y medioambientales.

Destacó, asimismo, que uno de estos informes, elaborado por el Cedex (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas), fue incluido en el expediente dos días antes de la aprobación de la declaración de impacto. Además, los tres alcaldes aseguraron estar confiados en obtener una respuesta positiva de la Audiencia Nacional a su demanda.