El número de habitantes fijado por el Gobierno central como tope para conceder una mayor libertad horaria a los municipios, por debajo de 10.000 exactamente, es una especie de lotería. Tarazona, por ejemplo, no se beneficiará de esta medida de atenuación del desconfinamiento porque supera ligeramente esa barrera, dado que tiene 10.633 vecinos. Y, por la misma razón, Binéfar sí entra en el cupo de agraciados debido a que ronda lo 9.500 residentes. En cuanto a Calatayud, que duplica el tope demográfico establecido, considera que el guarismo ha sido establecido «de manera arbitraria», según su alcalde, José Manuel Aranda, del PP.

El regidor bilbilitano subraya que seguirá «a pies juntillas» las directrices emanadas de Madrid porque «toca obedecer» y «aceptar las cosas como vienen» en un asunto tan complicado como la política sanitaria para la contención de la pandemia de coronavirus.

No obstante, sentado el precedente, Aranda sostiene que en el mundo rural cabría una mayor flexibilidad horaria siempre y cuando se aplicaran a rajatabla una serie de medidas. «Como propone mi partido, se podría llegar a una mayor grado de equilibrio entre actividad económica y seguridad sanitaria si se impone el uso obligatorio de las mascarillas, se respeta la distancia social, se realizan tests de forma masiva y se protege debidamente a la población de más edad», explicó el alcalde de Calatayud.

Pero Aranda sostiene que, para que su propuesta pudiera fiuncionar, haría falta una adecuada planificación por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez. «Pero la forma de actuar del Gobierno en esta crisis ha sido deficiente, por no decir desastrosa», opinó.

Por ello, continuó, el Ayuntamiento de Calatayud ha tenido que suplir a las autoridades centrales en todo lo referente a la adquisición y distribución de mascarillas. «Ni un euro hemos recibido del Gobierno central para comprar material de protección», aseguró.

En cambio, en otros terrenos, el Ayuntamiento de Calatayud es partidario de no acelerar el proceso de desconfinamiento. Así ocurre en el caso de los mercadillos. «Hemos desechado que pueda acudir solo el 25% de su clientela porque pensamos que existe un riesgo elevado de contagio», apunta el primer edil bilbilitano.

Luis José Arrechea, alcalde de Tarazona, mantiene una visión distinta de la de su correligionario de Calatayud. Para él, la barrera de los 10.000 habitantes «no es arbitraria», pues considera que «siempre hay que poner un tope». Sin embargo, todo hay que decirlo, desde el punto de vista demográfico, la ciudad del Queiles tiene exactamente la mitad de habitantes que la sucesora de la Bílbilis romana. Exactamente, 10.633, por lo que se queda sin poder aplicar las medidas de suavizamiento del horario en el que los vecinos pueden salir libremente a pasear y a hacer deporte.

«Lo que ocurre con Tarazona es que estamos a caballo de uno y otro escenario», señala Arrechea, para quien esta situación «no es muy traumática». Prefiere enfocar el problema desde un ángulo optimista y por eso se fija en que, dentro de solo una semana se acabará posiblemente la fase 1.

Por otro lado, apunta el regidor turiasonense, la normativa vigente en la actualidad deja un amplio margen de maniobra gracias a la apertura de las terrazas y la autorización para salir a hacer compras. De hecho, es tal la cantidad de cosas que están permitidas que los cuerpos y fuerzas de seguridad no pueden controlar las idas y venidas de miles de personas en toda la comunidad. La gente coge ya el coche para ir al pueblo de al lado o a la cabecera comarcal, más allá incluso, para realizar gestiones difíciles de verificar en ocasiones.

Binéfar, en la oscense comarca de La Litera, no tiene problemas para acogerse a la mayor libertad horaria. Está por debajo del límite de los 10.000 vecinos, pero su ayuntamiento no ha dicho ni que sí ni que no. «Tenemos que analizar entre todos, en el consistorio, qué vamos a hacer, los pros y los contras que se abren con esta medida», confiesa el alcalde, Alfonso Adán, del Partido Socialista.

Binéfar ha estado en una situación delicada (un número elevado de contagios en un matadero) y se entiende la prevención hacia cualquier actuación que signifique una relajación de las medidas. «Tenemos que se prudentes pues todavía o se nos ha comunicado nada oficialmente», señala Adán.

De ahí que lo primero que va a hacer la corporación local es convocar una junta de portavoces en la que cada grupo expondrá su postura sobre las nuevas circunstancias. En cualquier caso, Binéfar solicita «más concreción». Por otro lado, el regidor binefarense reconoce que allí no tienen seguro si la medida tiene carácter potestativo u obligatorio.

Todas esas dudas, afirma, tienen que resolverse antes de adoptar una posición, pero, de todas formas, al contrario que José Manuel Aranda, el primer edil de Binéfar considera que la barrera de los 10.000 habitantes no es gratuita y que «tiene sentido» en un comunidad como Aragón, «donde no hay muchas localidades que tengan entre 5.000 y 10.000 habitantes».

Aparte de las recogidas en esta información están otras poblaciones como Andorra o Sabiñánigo, en Teruel y Huesca, respectivamente, y otras ocho más en la provincia de Zaragoza, algunas de ellas en el entorno de Zaragoza ciudad, como es el caso de Zuera, María de Huerva y La Muela.