Las arcas autonómicas han dejado de recaudar unos 340 millones de euros por culpa de las constantes modificaciones de los impuestos estatales. El Gobierno de Iglesias está dispuesto a acudir a los tribunales por esta deuda millonaria del Estado con la comunidad, pero antes, reclamará al Consejo de Ministros.

La transferencia de Justicia todavía está pendiente de llegar a Aragón. La principal razón del retraso es económica. La anterior Administración del PP ofrecía alrededor de 30 millones de euros por el traspaso. Por contra, la DGA reclama unos 33 millones de euros: 15 para renovación de edificios ynuevas sedes.

El PSOE-PAR aprovechará ese foro bilateral igualmente para desbloquear el convenio de la policía. Una unidad de la Nacional se adscribiría a Aragón como una fórmula alternativa a la creación la policía autonómica.

Aragón es una de las comunidades de mayor conflictividad con el Gobierno central. Un dato: en mayo pasado, ambas administraciones mantenían una cuarentena de litigios en el Tribunal Constitucional y en los tribunales ordinarios de Justicia. Algunos relacionados con el trasvase se han retirado.