El juicio contra Máximo González Marqueta, el ginecólogo del hospital Ernest Lluch de Calatayud, al que se le acusa de la muerte imprudente de una madre y de su bebé durante el parto, quedó ayer visto para sentencia. Este especialista, que se encuentra temporalmente apartado del ejercicio profesional, se enfrenta a una pena máxima de 6 años de prisión y 4 de inhabilitación.

La condena o absolución dependerá de si la magistrada del Juzgado de lo Penal número 4 de Zaragoza considera que la actuación de este médico fue correcta y acorde a los protocolos sanitarios, tal y como defendió la letrada Guillermina Aguirregomezcorta, o si fue un negligente profesional como argumentó la penalista Carmen Cifuentes en nombre de la familia de la víctima. No obstante, durante la vista celebrada ayer, la Fiscalía propuso a la jueza la alternativa de una condena por una falta de lesiones, que actualmente no está tipificado en el actual Código Penal -reformado en el año 2015- y que abriría la puerta a asegurar el pago de una responsabilidad civil y, por tanto, abrir la vía civil por este asunto.

DIFERENTES VISIONES / La representante del ministerio público quiso destacar que los informes que realizaron los forenses y los peritos de parte «no fueron concluyentes» como para concluir con exactitud si Máximo González Marqueta actuó de forma delictiva. No obstante, señaló que hubo «falta de diligencia» en su forma de atender el parto.

La fiscala puso en duda el momento en el que el ginecólogo empleó un fórceps y una ventosa para intentar extraer al niño. Fue cuando el útero de la víctima, una joven de 31 años, se rompió y desembocó el trágico desenlace. «Si tras el uso del fórceps durante 10 minutos no hubo resultado y a la desesperada utilizó la ventosa, ello hace pensar que incurrió en una infracción del deber de cuidado», apostilló.

No fue el único hecho reprochable en opinión de la fiscala, ya que apuntó a que ante el estado del útero «se lo podía haber extirpado, pero fue negligente y se lo cosió».

Una opinión que comparte la letrada de la acusación particular, Carmen Cifuentes, quien se preguntó: «¿Qué es preferible, que se quede infértil la madre o que se muera?». Consideró que ante la fuerte hemorragia de la mujer debía haber extirpado el útero «puesto que el hecho de dejárselo hizo que muriera desangrada tras perder 5 litros». También criticó el uso del fórceps y lo vinculó con la rotura del útero. «El niño no salía, pero insistió y con un material que suele provocar laceraciones», lamentó, mientras resaltó que el bebé que nació muerto presentaba lesiones «por la presión del fórceps». Para apoyar esta tesis resaltó «que el bebé presentaba una rotura de la base del cráneo y un corte en el cordón umbilical que llevaba a la altura de la cabeza».

Unas decisiones que para Cifuentes fueron «aún más graves porque el acusado era consciente de las heridas de la madre y de la difícil posición que presentaba el feto».

Unas argumentaciones que rebatió la abogada de la defensa. Aguirregomezcorta recordó en primer lugar que la víctima firmó el consentimiento informado en el que se le advertía de los riesgos del parto «puesto que no es ir a tomar un café».

Esta letrada especializada en asuntos sanitarios incidió en que el doctor González Marqueta «cumplió con todos los protocolos sanitarios, tal y como apuntaron forenses y peritos», si bien reconoció que la muerte se produjo «porque entró en el torrente sanguíneo el líquido amniótico del feto tras la rotura del útero». Añadió que ante esa situación la muerte era irreversible porque la sangre no coagulaba.