Por primera vez en la historia de la autonomía, los dos senadores que representan a las Cortes comparecieron en la cámara que los designó para dar cuenta de su posición política. Nunca antes lo había solicitado un grupo parlamentario, a pesar de que los reglamentos indican que pueden comparecer una vez al año.
IU abrió esa espita ayer con una comparecencia en la que solicitó a ambos senadores su posición sobre el fracking, técnica extractiva de gases muy polémica y que se ha introducido en una ley que ya se ha debatido en el Senado. Quería conocer esta formación cuánto podía influir el mandato de las Cortes de Aragón, que se opuso a esta técnica, sobre la posición de los dos senadores, Marcelino Iglesias y Ricardo Canals, quienes a diferencia de los otros doce aragoneses que están en la Cámara Alta, no fueron votados por los ciudadanos sino por los diputados en los que reside la soberanía de los aragoneses.
Ayer se abrió un debate mucho más amplio que el motivo por el que se requirió su comparecencia. ¿Tiene que defender un senador designado por la comunidad los mandatos que emanan de la soberanía de ella o son, como parece el caso, representantes de los partidos de los que forman parte? La respuesta parece obvia, y más cuando el artículo 67 de la Constitución indica que los miembros de las Cortes generales "no están ligados a mandato imperativo". Es decir, nadie puede indicarles qué tienen que votar.
La peculiaridad del Senado --ayer mismo Iglesias volvió a reiterar la necesidad urgente de reformarlo para convertirse en una cámara territorial, lo que "rebajaría tensiones"-- está también en la forma en la que se designan a sus integrantes. Si bien es una cámara de segunda lectura de leyes --y desde hace una década también de control al Gobierno-- se le dio una pátina de cámara territorial. Para ello, los ciudadanos designan mediante listas abiertas a cuatro senadores y cada cámara autonómica designa a otros según su población. Una norma no escrita indica que uno lo elige el partido más votado y el otro el partido mayoritario de la oposición. Así ha sido en Aragón tradicionalmente, aunque por razones de pactos más de una vez se le ha otorgado al socio de coalición, lo que a veces ha llegado a provocar fricciones internas por el sentido del voto. No ha sido el caso de esta legislatura, en la que el PP y el PSOE situaron a dos de sus hombres fuertes.
La realidad es que ambos no rinden cuentas de su gestión a las Cortes porque nadie se lo solicita. Y también porque actúan como miembros de un grupo parlamentario. En esta legislatura, la evidencia es mayor cuando uno de estos senadores, es el caso de Iglesias, es además el portavoz del grupo mayoritario de la oposición, el PSOE, y es el encargado de fiscalizar la actividad del presidente del Gobierno español.
