En los últimos días se han producido varias quejas de familias con dificultades económicas a las que, supuestamente, se les obligaría a pagar el servicio del comedor a pesar de disfrutar de beca. Esta práctica, que ya se produjo el curso pasado y que obligó a intervenir al Departamento de Educación, se estaría repitiendo, según ha podido saber este diario también este curso.

«La beca es de 86 euros -cubre la totalidad del coste del servicio en la escuela pública- pero todos los colegios concertados han establecido una cantidad superior, aunque algunos de ellos hacen pagar la diferencia a las familias y algunas no pueden asumir el coste», denunció la madre de un alumno de uno de estos centros.

De hecho, alguna de estas familias habría tenido que recurrir a organizaciones como Cáritas para solicitar apoyo. «Lo que hace el colegio es dividir los 86 euros por lo que cuesta un día suelto y esos son los días que el alumno puede acudir a comer al centro. El resto deben pagarlo o comer en casa», añade esta madre, que prefirió mantenerse en el anonimato.

Esta situación estaría provocando «la renuncia a algún trabajo o curso porque tienen que dar de comer al niño esos días que la beca no cubre», añade. La situación afectaría a familias sin recursos o con escasos conocimientos del idioma. «No hay derecho a que les hagan eso. Ellos no entienden la diferencia entre un colegio público y uno concertado».

Sin embargo, estas quejas todavía no se han traducido en denuncias oficiales enviadas al Departamento de Educación. Fuentes de la Administración aseguraron no haber recibido notificación alguna ni se han establecido comisiones destinadas a abordar este tipo de asuntos, «aunque estamos vigilantes», advirtieron fuentes de la Administración, que asegura «absoluta confidencialidad» a las familias que se decidan a presentar una denuncia.

En todo caso, los colegios concertados no están obligados a fijar el precio del comedor en 86 euros, como en la pública. Estos centros -cuyos alumnos también pueden disfrutar de una beca de comedor desde que el Gobierno de Rudi lo impuso en el 2011- establecen un coste mayor, lo que provoca problemas a familias con estrecheces económicas si se les obliga a abonar la diferencia para disfrutar del servicio durante todo el curso.

«No tenemos constancia de quejas, aunque cualquier problema relacionado con el coste de los servicios complementarios debe plantearse en el consejo escolar del centro», indicó Miguel Ángel García, presidente de la Federación Cristiana de Asociaciones de Padres de Alumnos (Fecaparagón).

En todo caso, García subraya que «la contratación de los centros concertados no es la misma que en los públicos porque no tiene tanto volumen, a lo que hay que incluir el coste de la amortización de instalaciones y mantenimiento de equipamientos».

Educación ha requerido a estos colegios que justifiquen el coste del servicio como requisito indispensable para su autorización. Esto, en principio, evitaría el establecimiento de precios muy elevados. De hecho, en algún centro se ha llegado a cobrar casi 150 euros al mes por el comedor. Además, el desembolso debe cubrir, de forma indispensable, el periodo intersesiones -el que va desde el término de la jornada matinal hasta el comienzo de la vespertina.