Los empleados de las residencias de la tercera edad en Aragón denunciaron ayer la «carga» de trabajo que sufren en sus trabajos debido a que las ratios «no están adaptadas a la realidad» y deben atender a muchos más usuarios de lo que deberían. Así lo denunciaron ayer las responsables sindicales de servicios sociales Alicia Hernández y Ángelica Mazo, de UGT Aragón, y Delia Lizana y Montse Gómez, de CCOO Aragón.
«El actual decreto de mínimos vigente, de 1992, establece una ratio de un trabajador por cada tres residentes, algo que en las residencias privadas engloban a toda la plantilla, desde los gerocultores al jardinero, el personal de lavandería, limpieza o cocinas hasta el médico o el telefonista», señalaron. «Además queda establecido para los tres turnos, lo que al final equivale a un empleado por cada nueve residentes», argumentaron.
Las portavoces, que añadieron que el convenio colectivo del sector está «paralizado» desde el 31 de diciembre de 2018 y van a exigir al nuevo Gobierno de Aragón retomar la negociación de uno nuevo, incidieron en la «excesiva» carga laboral que se soporta en las residencias de mayores privadas y concertadas. «Deben levantar, asear y colocar en su silla de ruedas a un dependiente en 12 minutos», dijo Mazo.
El bloqueo del convenio afecta a 10.000 trabajadores en Aragón, que atienden a más de 30.000 personas dependientes.
Hernandez apuntó que en la comunidad solo quedan seis residencias 100% públicas, mientras que el resto son privadas o tienen camas concertadas con la Administración autonómica. «Es innegable el avance que han propiciado los gobiernos de izquierdas en materia de dependencia, pero no ha conllevado una mejora de las condiciones laborales», indicó. Por ello reclamó modificar el decreto de ratios de personal de 1992 para disponer de unas condiciones «más dignas».
SUELDOS
Lo que pretenden desde UGT y CCOO es que el nuevo documento diferencie las ratios «en función del grado de dependencia, la categoría del trabajador y la carga de trabajo, no solo para mejorar las condiciones laborales de la plantilla sino también la atención a los mayores», añadieron.
Ambos sindicatos quieren negociar con la patronal aragonesa un convenio autonómico como el que existió entre 2002 y 2007, para lo que ya han solicitado reuniones con los líderes empresariales. De no prosperar abocará a los trabajadores a una recogida de firmas y a concentraciones.
Lizana pidió por su parte un incremento del salario de entre el 3% y el 4% ya que el sueldo está por debajo de los 1.000 euros y los empleados no disponen tampoco de medidas de conciliación. «Los trabajadores con problemas musculoesqueléticos, dolores de espalda, estrés y las empresas están abusando del régimen sancionador que lleva a despidos disciplinarios a coste cero».
