La exhumación de los restos mortales de los hermanos bilbilitanos Manuel y Ramiro Lapeña del Valle los Caídos, autorizada por un juzgado civil madrileño hace ya un año, sigue paralizada por las trabas que han puesto al proceso tanto en Patrimonio Nacional, administradores del paraje de Cuelgamuros, como de la orden religiosa, gestores del templo católico en el que en la actualidad se encuentran las fosas comunes.

Los familiares de los dos anarquistas fusilados tras la guerra civil y trasladados sin autorización en los años 50 a la tumba en la que también están enterrados el dictador Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera alertaron ayer de que no se está actuando con la suficiente rapidez. «El trato en Patrimonio Nacional es cordial y amable, pero los hechos son que no se está avanzando en nada», lamentó Miguel Ángel Capapé, también presidente de la Asociación por la Recuperación e Investigación Contra el Olvido (Arico).

Los impulsores del proceso judicial que lograron la orden de exhumación denuncian también que sean los propios religiosos los que hayan puesto problemas a las intervenciones técnicas en la cripta donde se encuentran los cuerpos. «La abadía puede estar en manos de la iglesia, pero las fosas, según la ley de memoria histórica, están consideradas cementerio civil, por lo que no tienen ningún derecho a intervenir en su gestión», aseguró Capapé.