Dos afirmaciones conectadas en el mismo espacio --el pleno de las Cortes-- que en realidad constatan realidades diferentes. La primera, del Justicia de Aragón, Fernando García Vicente. En la presentación de su informe anual del 2013 ante la Cámara alertó del aumento de las quejas referidas al Bienestar Social, que han crecido un 147% en un año. Trescientas de ellas referidas a los retrasos en la concesión del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI). La segunda del portavoz del PP, Ramón Celma, que pidió al Justicia que diga a los ciudadanos que acuden a él en busca de ayuda y soluciones, por ejemplo, a los retrasos de nueve meses en el IAI, que les diga que hay un Gobierno, el de Luisa Fernanda Rudi, que "piensa en ellos".

El Gobierno pensará mucho en los aragoneses, pero algunos de ellos tardan hasta nueve meses en cobrar el IAI. García Vicente puso el acento en la gravedad de esta situación. La pasada semana la directora general del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), Cristina Gavín, negó en sede parlamentaria que hubiese retrasos de cinco meses. Y a juzgar por los datos ofrecidos ayer por el Justicia, faltó a la verdad. Las quejas de los ciudadanos referidas al Ingreso Aragonés de Inserción fueron 300, el 57% de las englobadas en el apartado del Bienestar Social. El año pasado apenas suponían el 9%. El malestar con la gestión del consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, se ha disparado.

UNA AYUDA BÁSICA Fernando García Vicente recordó que el IAI es una ayuda "básica", de la que depende por ejemplo la percepción de las ayudas de comedor. Pero al acumular tamaños retrasos, cuando algunas peticiones son atendidas ya han caducado, por lo que hay que volver a iniciar el proceso. Los problemas de esta prestación también suponen, recordó el Justicia, que haya personas que no puedan pagar el alquiler de la vivienda, cuestión que también ha suscitado un alto porcentaje de quejas, por lo que pidió a todos los poderes públicos que trabajen de forma coordinada y faciliten una solución lo más ágil posible a las ayudas urgentes. Apostó, por ejemplo, por publicar claramente cuál es la documentación necesaria para acceder al ingreso, y si es necesario, por incrementar la cuantía del IAI.

Además del varapalo a la gestión de Oliván, el Justicia explicó en la Cámara que en el 2013 tramitó 2.560 quejas, casi un 11% más que el año anterior. Por provincias, de Zaragoza recibió 1.856, 312 de Huesca y 161 de Teruel. Del total de reclamaciones tramitadas, 1.101 correspondieron al ámbito de competencias de la comunidad autónoma, 763 a la Administración local y 82 al Estado. El resto fueron rechazadas o remitidas a otros defensores del pueblo, a colegios profesionales y a empresas privadas que gestionan servicios públicos. García Vicente formuló 440 resoluciones dirigidas a la Administración --incluidos, 22 recordatorios de deberes legales--, un 12% más que en el año 2012. El porcentaje global de aceptación fue del 62%, el 19% se rechazó, el 12% está pendiente de respuesta y siete se han archivado.

INSTITUCIÓN NECESARIA El pleno se convirtió también en la reafirmación de la utilidad de la institución. Todos los grupos destacaron la labor de Justiciazgo, frente a las pretensiones del Gobierno central, que apuesta por su eliminación. García Vicente, que pudo haber vivido su último pleno como Justicia de Aragón, pues su mandato termina en mayo, vio reconocido su trabajo por todos los partidos.

Las intervenciones no sonaron a despedida, pero sí a la reivindicación de este órgano contemplado en el Estatuto y entorno al que todas las formaciones hicieron piña. Coincidieron en que el diagnóstico del Justicia es fiel reflejo de las preocupaciones y de la situación de la sociedad aragonesa y que, por ello, esta figura "es más necesaria que nunca".