Sanidad, educación y asistencia social fueron los asuntos que más expedientes generaron en pasado año en la actividad del Justicia de Aragón, institución que defiende a la ciudadanía frente a los posibles abusos de la Administración pública.
En concreto, la institución tramitó 219 expediente por cuestiones sanitarias (el 12% del total) como la falta de información, la listas de espera, la salud mental o la escasez de recursos humanos. En este capítulo destacan las quejas por el cierre de iDental, tramitadas hasta que el asunto fue judicializado.
La asistencia social y la educación fueron las siguientes materias más conflictivas, con 178 expedientes cada una. El primer caso, los principales motivos de las demandas fueron las prestaciones, el Ingreso Aragonés de Inserción o las ayudas municipales; y en el segundo, los proyectos de tiempos escolares (jornada partida o continúa) o la reducción de la ratio de alumnado por clase.
Con 164 expedientes abiertos, el empleo público es otro de los asuntos que más preocupación genera, con quejas sobre los procesos de selección en las bolsas de trabajo del Inaem, las alegaciones en oposiciones y los cupos de discapacidad.
Actuaciones específicas
Al margen de la interposición de quejas, la labor del Justicia en el 2018 estuvo marcada actuaciones específicas impulsadas por la institución en dos áreas concretas: el estudio elaborado sobre las potencialidades y carencias de Teruel, y la mesa de trabajo constituida para abordar la situación de los mayores que viven en soledad no elegida. Sobre este último asunto, Ángel Dolado confió en que sea «exportable» a otras comunidades .
El Justicia recordó asimismo la propuesta de creación de un Defensor del Menor dentro del Justicia de Aragón, que cuente con el beneplácito de todos grupos parlamentarios, pero dudó que se impulse en los tres meses que quedan de legislatura.
Aunque la tramitación de las quejas se hace cada vez más por internet (866), Dolado defendió el mantenimiento de la vía presencial, un medio por se presentaron el pasado año en 667 peticiones, tanto en la sede de Zaragoza (612) como en las delegaciones de Huesca (31) y Teruel (24). También llama la atención que de las 1.957 personas que interpusieron reclamaciones, 74 eras de fuera de la comunidad de Aragón.
