El Ayuntamiento de Zaragoza y 33 familiares y víctimas de la represión franquista presentaron ayer en los juzgados la llamada «querella argentina», en la que acusan a 25 cargos de la dictadura de crímenes contra la humanidad y genocidio en concurso con asesinatos, desapariciones forzosas o torturas.
Los acusados con «nombre y apellidos» son siete policías de la Brigada Político-Social, siete gobernadores militares y 11 gobernadores civiles, sin perjuicio de que la lista se pueda aumentar con la investigación judicial. El consistorio actúa en esta causa como acusación popular, mientras que las 33 familias lo hacen como particulares, coordinadas por el abogado Javier Checa, de la Asociación Libre de Abogados de Zaragoza.
Checa explicó que han dividido los delitos en dos etapas: 1936-1942 y 1963-1975. En la primera, se han documentado sobre todo asesinatos y desapariciones forzosas, mientras que en el periodo del tardofranquismo son sobre todo torturas y delitos relacionados con la represión, así como un asesinato producido en 1977. No obstante, reconoció Checa, la relación de delitos presentada es «ínfima» con respecto a la represión global que hubo durante la dictadura franquista.
En cuanto a los plazos, el abogado señaló que lo primero será ver si se admite o no a trámite la querella y después el titular del juzgado de instrucción citará a declarar a aquellos querellados y querellantes que siguen vivos y comenzará con la investigación de los hechos.
La acusación particular no conoce con certeza cuántos de estos querellados siguen todavía con vida, pero sí que saben que «alguno de ellos vive». Los hechos incluidos en la querella se limitan exclusivamente al partido judicial de Zaragoza.
RECONOCIMIENTO
Antes de la presentación de la querella en los juzgados, las 33 familias fueron recibidas en el Ayuntamiento de Zaragoza por el alcalde, Pedro Santisteve. Allí, este reivindicó a los funcionarios de la casa y ediles represaliados. «Este paso contra el régimen genocida de Franco tiene que ver con la justicia, la reparación y la recuperación de la memoria de aquellas personas asesinadas el año 36», dijo. Santisteve resaltó también los homenajes como el realizado por la ciudad a las 13 Rosas o el hecho de que ayer Zaragoza, con la acción de presentar la querella, se uniera a Valencia o Rivas Vaciamadrid, donde el mismo tipo de denuncias ya han sido admitidas a trámite.
Por último, Santisteve recordó que la Carta Magna recoge los Derechos Humanos y criticó la «tremenda amnesia constituyente», en referencia al «olvido» de la legitimación de la II República.
MOCIÓN DE CHA
La presentación de esta querella es resultado de una moción presentada por CHA en el 2015 y aprobada con el voto de todos los grupos municipales, a excepción del PP.
En ella también se incluía la colocación de una placa en la casa consistorial en homenaje a los cargos públicos y trabajadores municipales «asesinados por defender la democracia» o la eliminación de los últimos vestigios franquistas presentes en las calles zaragozanas.
Así lo recordó ayer el portavoz de CHA, Carmelo Asensio, quien declaró que «hoy (por ayer) es un día grande para la ciudad de Zaragoza y para la democracia», dijo.
En ese sentido, recalcó que las medidas no pueden quedarse solo en el reconocimiento, «sino que es necesario hacer justicia con mayúsculas, no revancha ni venganza», a lo que añadió que «en un país normal, civilizado y democrático» estos hechos estarían «ya juzgados y sus responsables, encarcelados», señaló Asensio. «Manda narices que tuviera que ser la justicia argentina la que abriera el procedimiento y no la española», protestó.
En total, hay 96 hechos denunciados de la guerra y la posguerra y 13 procedentes de los últimos años del franquismo. Asimismo, la oficina de atención a las víctimas del Ayuntamiento de Zaragoza ha recopilado 52 asesinatos, 46 detenciones ilegales (42 de ellas desapariciones forzosas) y 11 casos de torturas, según informó el consistorio.
