El ministerio fiscal solicita tres años de prisión para dos policías de Calatayud, a los que acusa de maltratar a un detenido cuando se encontraba en los calabozos de la comisaría. El Ministerio del Interior, en una polémica decisión, se ha negado a adelantar la fianza de alrededor de 10.000 euros señalada por el juez instructor para los imputados.

Según la versión policial, el denunciante, de raza árabe, fue detenido el año pasado después de que los agentes fueran requeridos por los dueños de un bar, donde el implicado se encontraba en actitud agresiva contra los clientes y empleados.

Al solicitarle que se identificase, el sospechoso atacó a los policías y lesionó a uno de ellos, por lo que fue arrestado por un delito de atentado tras ser reducido. El agente requirió asistencia médica.

El detenido pasó al día siguiente a disposición judicial y acusó a los dos agentes de haberle apaleado mientras estaba en el calabozo, aunque ninguno de los dos imputados prestó servicio esa noche. No obstante, el denunciante presentaba diversos hematomas en el cuerpo y se abrió procedimiento contra los policías.

El pasado viernes, responsables de la Dirección General de Policía comunicaron que Interior no adelantaría la fianza fijada por los dos agentes, por estimar que el fiscal no había contemplado la responsabilidad subsidiaria del Estado en esta causa, medida que amenaza con convertirse en el primer enfrentamiento grave de los sindicatos policiales con el nuevo Ejecutivo socialista.

Tradicionalmente, Interior ha cubierto siempre las fianzas impuestas a policías procesados por hechos ocurridos en actos de servicio. En la actualidad hay otros diez agentes implicados en causas penales en España, sin que el ministerio haya puesto trabas para depositar las fianzas. Sin embargo, no existe ninguna normativa que regule estos casos.

José Manuel Sánchez Fornet, secretario nacional del Sindicato Unificado de Policías, al que están afiliados los acusados, atribuyó la falta de regulación a la desidia"porque el asunto ya fue tratado cuando Margarita Robles era secretaria de Estado para la Seguridad".

"Pese a las promesas de Mayor Oreja, Rajoy y Acebes, el problema no se ha resuelto, pero la decisión de Interior es muy grave, porque los policías no pueden estar a expensas de los criterios de un fiscal y el Estado no puede desentenderse de las actuaciones de los agentes, a la espera de que se regule por un decreto", explicó.

El responsable del SUP en Zaragoza, Alfredo Crespo, manifestó que acusaciones de este tipo a policías no son hechos aislados. "La mayoría de estas denuncias termina en absolución, pero, entre tanto, los agentes no pueden hipotecar su patrimonio familiar en ningún país del mundo para realizar su trabajo. Cuando se reduce a un delincuente agresivo se hace por la fuerza y hay peligro de lesiones. No sé cómo reaccionarán los otros sindicatos, pero el SUP aconsejará a sus agentes que se lo piensen antes de actuar en estos casos", añadió.