Los impuestos son la herramienta imprescindible para contar con los ingresos necesarios para que una administración pueda prestar los servicios públicos. El presupuesto de la comunidad recauda de la ciudadanía más de 3.000 millones en este concepto, casi el 70% del total de los fondos que capta, de los que el 33% son impuestos indirectos (que se aplican sobre las cosas y afectan a todos por igual) y el 25% directos (sobre los bienes y los ingresos de forma individual y con cierta progresividad). En año preelectoral, el Ejecutivo autonómico no tiene previsto subidas impositivas, y tampoco bajadas destacables. Eso, a expensas de los acuerdos que pueda alcanzar en la negociación de presupuestos que iniciará con Podemos, CHA e IU en próximas fechas. Es intención del Ejecutivo seguir estableciendo acuerdos con partidos de izquierdas, si bien es cierto que el gran pacto alcanzado esta legislatura ha sido con los grupos partidarios de reducir la carga impositiva: PP, PAR y Ciudadanos.
En una cosa coinciden todos los grupos parlamentarios: los servicios públicos deben ser de calidad. La discrepancia surge en cómo financiarlos. Mientras los grupos de la izquierda plantean una fiscalidad progresiva que garantice el costoso estado de bienestar, la derecha ejerce el aforismo de «dejar en el bolsillo de los ciudadanos» cuanto más dinero mejor, por lo que ese déficit de servicios solo se puede compensar con el eufemismo (también practicado por los Gobiernos del PSOE) de la «colaboración público-privada» y la eliminación «del gasto superfluo». Un concepto subjetivo que en más de una ocasión equivale a recortes.
Clamor popular
Eso sí, el ciudadano vería aliviada una presión fiscal que, además, produce agravios con otras comunidades, al haber un considerable margen de autogobierno en las políticas de hacienda. No se pueden suprimir determinados impuestos que dicta el Gobierno central, pero sí reducir los porcentajes de su aplicación.
Cuando hace un año se planteó la oposición al impuesto de Sucesiones y Donaciones, que en Aragón gravaba considerablemente a los herederos a diferencia de otras comunidades vecinas donde recibir lo testado salía prácticamente gratis, el Gobierno autonómico no tenía previsto modificarlo a la baja. Sin embargo, la presión política (fundamentalmente) un clamor popular que sorprendió a los propios gestores políticos, forzó al PSOE a negociar con la derecha que exigían rebajarlo. Y tras meses de debate político se llegó a un acuerdo rápido suscrito en una ponencia aún más rápida.
En 20 minutos se elevaba el límite de tributación hasta el extremo de que solo un 0,7% de aragoneses tributarán por este concepto. Al menos, de momento, porque Ciudadanos a nivel nacional exige suprimirlo. Y de forma paradójica, tanto Podemos como el propio PSOE alcanzan su primer acuerdo de legislatura en el Congreso de los Diputados que consiste en una bajada de impuestos a los autónomos y una reducción del IVA que subió el mismo PP que defiende la bajada de impuestos. Pero aún hay otra paradoja, Zaragoza en Común se rebela contra el impuesto de contaminación de las aguas y baja el Impuesto de Bienes Inmuebles.
Tanto Ciudadanos como el PP ya han advertido de que no cejarán en su estrategia para reclamar menos impuestos. La propuesta de los populares es clara: bonificar Sucesiones en un 99%, suprimir Patrimonio, bajar Transmisiones Patrimoniales un 6% en municipios de menos de 3.000 habitantes y un 7% para el resto. Y acometer una reforma del IRPF con el que pretenden que los aragoneses con rentas más bajas «no sean unos de los que más pagan en nuestro país».
Mientras Podemos considera que aún faltan 900 millones para revertir los recortes que a su juicio se cometieron en la anterior legislatura, el cálculo de Ciudadanos es que aún hay margen para rebajar impuestos y corregir «el error que cometió Javier Lambán al principio de legislatura con la subida de todos los impuestos que plantean problemas para la economía en Aragón», según el portavoz de Hacienda de la formación naranja, Javier Martínez. Este cree que aún existe un margen de 30 millones de reducción de impuestos. Y plantea rebajas en el IRPF autonómico, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
Presupuestos
Las críticas de Podemos, IU y CHA no se han hecho esperar ante una reforma, la de Sucesiones, que a su juicio solo beneficia a unos miles de aragoneses que tienen un patrimonio elevado. En unas semanas deben sentarse para diseñar los presupuestos del próximo año. Y estos solo se pueden confeccionar en función de la previsión de ingresos, tanto los que la comunidad puede generar a través de su legislación fiscal, como por las transferencias que le llegan de la liquidación de la financiación a través del Estado. Y que también se realiza con los ingresos recaudados por impuestos.
Una fórmula que es tan simple como compleja. Un debate tan controvertido como sencillo. Cómo se muevan las fichas será fundamental para saber cómo acaba la partida de un debate fundamental.
