El próximo debate de política general, la cita anual en la que se hace una revisión a fondo del estado de la comunidad autónoma, será el primero en el que se acoten las propuestas de resolución resultantes del mismo. Las propuestas de resolución son aquellas iniciativas de impulso al Gobierno que los grupos parlamentarios realizan y que en más de una ocasión se convertían en motivo de competición para ver quién redactaba más y qué porcentaje de ellas se aprobaban. Con el aumento de grupos esta legislatura, por primera vez, se acota el límite de este tipo de iniciativas, según acuerdo alcanzado en la Junta de Portavoces. Estas serán 164, un máximo de cinco por grupo parlamentario y dos por cada uno de los 67 diputados. Solo unas pocas más de las que presentó un único grupo en el debate del año pasado, Ciudadanos.
Estas propuestas tienen un claro sentido político y no son de obligado cumplimiento. De hecho, pocas veces se cumplen. Pero sí surgen al calor de los debates de actualidad. El año pasado, por ejemplo, se aprobaron 584 iniciativas de las más de 600. La supresión de aforamientos y la eliminación de asesores fueron algunas de las aprobadas (sin que un año después se haya avanzado al respecto) y que centraron gran parte del debate. Otras propuestas cayeron también en el olvido, como la regulación terapéutica del cannabis o las medidas para familias monoparentales.
EN SACO ROTO
No fueron las únicas. Si se repasa alguna de las iniciativas, no se ha vuelto a saber de ellas. Ocurre con los programas de descanso familiar, la asesoría para empresas aragonesas instaladas en Gran Bretaña con motivo del brexit o la copia digital del Archivo de la Corona. En ocasiones, estas propuestas son simples brindis al aire, puesto que en muchos casos ni siquiera el Gobierno de Aragón tiene competencia para ejecutarla.
Sucedió lo mismo con las propuestas de ediciones anteriores, como en el 2016 o el 2015. Y también en legislaturas anteriores, en las que se llegó a dar situaciones paradójicas, como que el PP votara en contra --de nuevo uno de los temas estrella-- de la supresión de aforamientos a pesar de que la propia presidenta entonces, Luisa Fernanda Rudi, lo hubiera propuesto en su intervención en aquel debate.
Otras veces, y eso también pasó en la anterior legislatura, los socios de una coalición han llegado a votar de forma opuesta, como ocurrió con el PAR, que se desvinculó del PP por la reforma de la Administración Local.
Todos los grupos saludan la nueva propuesta de los órganos rectores de las Cortes, que ya han emprendido algunas otras reformas reglamentarias para agilizar, dinamizar y dar más visibilidad a la acción parlamentaria, tanto de control al Ejecutivo como de impulso a la acción de Gobierno. Con esta inédita acotación se obligará a los grupos a ser mucho más directos en sus iniciativas y, por tanto, a tener que pensar más dónde quieren poner el foco de su estrategia política.
Pero hay otros motivos que, aun pudiendo parecer secundarios, no son por ello menos importantes. El primero de ellos, se agiliza la tramitación para alivio de los distintos servicios de la Cámara, desde letrados a informáticos, que ven en estos debates una maraña de números e iniciativas que obligan forzosamente a ralentizar su trabajo. Lo mismo sucede incluso para los periodistas y los propios parlamentarios. Las sesiones de votación se eternizan y, como confiesa la mayor parte de parlamentarios, llega un momento en que se pierde el hilo y no se sabe bien ni lo que se vota. La dirección de los distintos grupos parlamentarios han acordado previamente --tras el estudio de las propuestas-- cuál va a ser el sentido de su voto y el día de la votación hacen una seña (algunos levantan un boli de un determinado color según el sentido del voto, otros levantan uno o dos dedos) al resto de sus compañeros para que aprieten el botón. Eso da en más de una ocasión lugar a la confusión, lo que en un parlamento con las mayorías tan ajustadas ha obligado en más de una ocasión a repetirse la votación al quedar claro que ha habido una equivocación manifiesta.
Esta confusión también se extiende a los periodistas que cubren la labor parlamentaria para los que seguir durante varias horas qué se vota es casi imposible.
Además, esta decisión también complica más las duplicidades. Es decir, que dos grupos puedan coincidir en su propuesta. Y, tampoco es una cuestión menor, se ahorra mucho papel, con lo que se evita un gasto innecesario y un daño al medio ambiente. Asimismo, esta iniciativa no coarta la labor ni los derechos de los diputados. Simplemente racionaliza una práctica que fue habitual hasta ahora pero que, más allá de grandilocuentes titulares destacando los centenares de iniciativas, no aportaban mucho más.
No se ha tomado ninguna decisión todavía, pero esta propuesta podría extenderse a otros debates en los que también se cuentan las enmiendas incluso por miles, como en el debate de presupuestos.
