La Red de Agua Pública de Aragón (RAPA) ha presentado hoy su propuesta para suprimir el Impuesto de Contaminación de las Aguas, que incluye establecer un tributo compensador y una tasa autonómica, y entretanto, una moratoria en el cobro del impuesto, algo que es "imposible" según el consejero de Desarrollo Rural y Sosteniblidad, Joaquín Olona.

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha mantenido hoy sendas reuniones con representantes de la RAPA y de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) para hablar de la modificación del ICA y, tras el encuentro, desde la entidad en defensa del agua pública ha valorado la receptividad del Ejecutivo y Olona, por su parte, ha destacado la coincidencia en muchas de las propuestas.

Tras la reunión con Lambán y Olona, José Ángel Oliván y Enrique Gracia han explicado los principales puntos de la propuesta de la RAPA, que pasa por establecer un nuevo modelo "sostenible" de saneamiento y depuración en Aragón que apueste por la construcción y gestión de las depuradoras desde los ayuntamientos y que los gastos "suntuarios" provocados por el actual modelo de depuradoras se sufraguen con cargo al presupuesto de la Comunidad, unos 12 millones al año.

Para la financiación del modelo, la RAPA plantea que en los casos en los que es posible que las depuradoras sean gestionadas y sostenibles por los ayuntamientos, estos asuman la competencia y se financie con tasas locales.

También proponen la creación de una tasa autonómica de depuración equivalente al precio medio por metro cúbico facturado en Zaragoza que se aplicaría a los municipios que reciben la depuración a través del Instituto Aragonés del Agua (IAA) y se facturaría a los usuarios a través de la entidad que preste el servicio, con criterios de progresividad.

Además, la entidad propone que se fije un tributo complementario, equivalente a la diferencia entre la tasa autonómica y el precio por m3 de depuración facturado en España.

Este tributo se aplicaría a todos los municipios, tengan o no sistema de depuración, y se facturaría directamente a los ayuntamientos, no a los usuarios.

Los costes no cubiertos por los ingresos tributarios se cubrirían con otros ingresos del presupuesto general del Gobierno de Aragón.

Según los cálculos de la RAPA, estos cambios supondrían una reducción en el pago en torno al 40 por ciento.

Según Oliván, el Gobierno de Aragón ha sido receptivo a las propuestas en un asunto que "no es de corto plazo", ya que supone planificar para las próximas décadas la depuración y el saneamiento de Aragón, con una modificación de la Ley de Aguas, que exige un consenso amplio de los grupos políticos en las Cortes.

Eso no impide, ha apuntado, que la comisión técnica puesta ya en marcha para tratar el ICA siga avanzando en los debates, con la exigencia de la RAPA, ha apuntado Oliván, de que participe Olona -algo que no estaba previsto y que el consejero no ve primordial para no introducir variantes a lo acordado- y que no solo se hable de "retoques" del impuesto, sino de todo el plan de depuración.

Así, ha confirmado que la entidad estará en el encuentro fijado para el jueves, donde presentará su propuesta al resto de organizaciones que la conforman, y también la explicará el viernes en una asamblea ciudadana y la trasladará a todos los grupos parlamentarios.

Entretanto, la RAPA reclama que le ICA se deje de cobrar ya a los municipios que carecen de depuradora, además de una moratoria en su aplicación en Zaragoza y otros municipios con sistema propio de depuración, algo que el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad ha asegurado que es "técnica y jurídicamente imposible".

La FAMCP, ha explicado su vicepresidente y alcalde de Illueca, Ignacio Herrero, ha trasladado a Lambán la necesidad de que se apliquen exenciones y bonificaciones en el pago del ICA que tengan en cuenta las características y circunstancias de las familias, algo que no sería posible, ha dicho, con tasas.

Herrero ha recordado que el ICA es un impuesto que pagan la mayoría de ayuntamientos desde hace 14 años y ha advertido, y así se lo ha transmitido a Lambán, del "agravio" que sufren los ayuntamientos sin depuradoras y están siendo sancionados por la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Olona ha asegurado que el Gobierno comparte muchos puntos con la RAPA y con la FAMCP, y eso evidencia que ha habido "confusión o desinformación" y que las posibilidades de un acuerdo están "cerca", teniendo en cuenta que eso pasa por la modificación de una ley que se aprobó en 2014 casi por unanimidad y que la solución no puede "eternizarse" dado el compromiso del Gobierno con Podemos de alcanzar un acuerdo antes de marzo para trasladarlo a las Cortes.

Y aunque ha considerado que recurrir a una tasa "no es la fórmula más adecuada", se ha comprometido a estudiar y discutir todas las opciones para que la solución que se traslade a las Cortes sea lo más consensuada posible, y por tanto "robusta y estable".

Ha defendido además la solidaridad territorial, dado que se trata de una cuestión de carácter autonómica en la que se han de tener en cuenta todas las sensibilidades, y ha hecho un llamamiento a que continúen los trabajos de la mesa técnica para que las propuestas se traduzcan en planteamientos concretos para modificar la ley, que después impulsará el Gobierno.

Ha insistido, respecto a la moratoria, que no se trata de una postura "intransigente" del Gobierno o de una cuestión de voluntad, sino de que el Ejecutivo no se puede comprometer a algo que es "imposible".