+
Accede a tu cuenta

 

O accede con tus datos de Usuario El Periódico de Aragón:

Recordarme

Puedes recuperar tu contraseña o registrarte

 
 
   
 
 

HUESCA // PATRIMONIO

Ratificados los 25,5 millones por arrasar la cueva de Chaves

La Audiencia rebaja sin embargo a dos años la prisión para Victorino Alonso

 

Victorino Alonso. - EL PERIÓDICO / EFE (JAVIER BLASCO)

El empresario ordenó destruir la cueva con maquinaria. - EL PERIÓDICO / EFE (JAVIER BLASCO)

EL PERIÓDICO
10/01/2018

La Audiencia de Huesca ha ratificado la multa de 25,5 millones de euros impuesta por el Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca al empresario leonés Victorino Alonso, por destruir el yacimiento neolítico de la cueva de Chaves, ubicada en un coto de caza que gestionaba. El tribunal rebaja sin embargo la pena de prisión en seis meses y la deja en dos, al apreciar la atenuante de dilaciones indebidas en el proceso judicial.

El fallo, declarado firme, no da la razón a Alonso en que el tiempo transcurrido supusiera que le posible delito había prescrito, ya que desde el 2007, cuando se produjo la destrucción, se han ido realizando actuaciones «reveladoras de una inequívoca voluntad de no renunciar a la persecución y castigo del delito». Pero sí consideran que se tardó más de lo necesario en llegar a juicio por causas no imputables al condenado, por lo que hay que compensar esto con una rebaja de la pena de prisión. Con dos años podría eludirla, aunque normalmente esto viene condicionado al pago de la responsabilidad civil y Alonso es teóricamente insolvente.

Los magistrados rechazan que el leonés no estuviera vinculado a la sociedad Fimbas, que gestionaba el coto de caza vallado donde se encontraba el yacimiento, en el municipio de Bastarás.

En lo fundamental, ratifican los hechos que dio por probados el juez, como adelantó el Diario del Alto Aragón. Esto es, que Alonso creó un entramado empresarial que no le vinculaba directamente a Fimbas, la sociedad gestora del coto, y que era él quien daba las órdenes, entre ellas la de destruir el yacimiento para hacer un abrevadero.

El yacimiento, avala la Audiencia, sí estaba protegido legalmente por el Gobierno de Aragón, que ejerció la acusación particular junto a la Asociación Ecologista Onso y Apudepa. De hecho, la cueva era Bien de Interés Cultural (BIC) y, con otros abrigos rupestres, considerada patrimonio mundial por la Unesco.

Los peritos que depusieron en el juicio, de hecho, opinaron que «el yacimiento era irrepetible e irremplazable, y el daño es irreparable e irrecuperable». Una de ellos comparó su destrucción, «a nivel neolítico», con «haber destruido Barcelona. De ahí que se vea ajustada la indemnización de 25,5 millones de euros que se mantiene, con el empresario como responsable directo y la sociedad Fimbas como subsidiario.

En opinión del letrado de la asociación ecologista, Pablo Malo, la sentencia «abre una espita muy importante para la protección a nivel judicial del patrimonio arqueológico español». En declaraciones a Efe, el abogado valoró la estimación de todos los argumentos de las acusaciones, que ahora pedirán la ejecución de la sentencia, que incluría el embargo de la finca y demás posesiones de Fimbas, parte de las cuales ya fueron trabadas por el juez inicialmente para garantizar los pagos.

El abogado también cuestionó la declaración de insolvencia anunciada por el empresario leonés, ya que las acciones llevadas a cabo en el coto de caza serían «contradictorias» con esta situación, por lo que no ha descartado la posibilidad de recurrirla en el caso de que se produzca.

Diez mil días informando

Suplemento especial del 3 de junio de 2018 con motivo del número 10.000 de El Periódico de Aragón.