El diputado de Podemos en las Cortes de Aragón Raúl Gay ha defendido la importancia de acompañar la redacción de la futura Ley de Discapacidad de la comunidad con un aumento presupuestario que permita cubrir gastos como la gratuidad de la asistencia personal o de las prótesis ortopédicas.

En una entrevista a Efe, Gay (Zaragoza, 1981) ha expuesto el contenido de alguna de las 200 enmiendas que su grupo parlamentario ha redactado para este anteproyecto de ley que ha sido elaborado por el Gobierno de Aragón, entre las que se contempla la regulación de la profesión del asistente personal.

"La figura del asistente personal lleva unos 30 años instaurada en países nórdicos y funciona muy bien", ha explicado el diputado de la formación morada, quien ha abogado por crear una bolsa pública de empleo con profesionales formados, de manera que los usuarios puedan participar de forma directa en la selección.

"Se hacen entrevistas para que la persona con discapacidad elija a su asistente personal porque es un empleo de tanta confianza que no puede decidirlo el Gobierno. Es una persona que tiene que venir a mi casa todas las mañanas a ducharme y vestirme", ha señalado.

Para Gay, la puesta en marcha de esta iniciativa no solo permitiría regular un empleo que actualmente no cuenta con una categoría profesional propia, sino que supondría un beneficio económico para la administración aragonesa que, de acuerdo a sus datos, destina una media de 2.100 euros al mes por cada persona discapacitada que está ingresada en una residencia.

"Yo tengo una discapacidad bastante alta porque no tengo brazos y necesito silla de ruedas para caminar pero, aun así, la persona que tengo como asistente personal está cuatro horas al día", ha recordado el diputado.

Entre las propuestas de Podemos, también figura instaurar la gratuidad en el acceso a materiales como las sillas de ruedas o las prótesis ortopédicas que pueden alcanzar un precio cercano a los 50.000 euros y que, en muchas ocasiones, los usuarios se ven obligados a adelantar.

"No puede ser que una familia se endeude para salir de casa", ha denunciado Gay, quien ha subrayado que el proceso para que la Administración pública devuelva parte del dinero invertido en este tipo de necesidades puede prolongarse desde los seis meses hasta los dos años.

El diputado autonómico también ha incluido entre las enmiendas una mejora del acceso al empleo de las personas con discapacidad, revisando las políticas activas y los criterios de los concursos públicos, así como una transición hacia un modelo de educación inclusiva.

Gay se ha mostrado confiado en que el resto de grupos parlamentarios, que también se encuentran inmersos en la redacción de enmiendas, apoyen sus propuestas, de forma que entre todos puedan alcanzar un mayor consenso que en otras leyes de carácter económico.

"Cuando hay que sacar la billetera con dinero público, la cosa se complica", ha lamentado el diputado que, sin embargo, cree que el Gobierno de Aragón aceptará su petición de crear una dirección general de discapacidad para abordar las problemáticas desde un punto de vista "transversal".

Su participación en la Ley de Discapacidad es uno de los grandes retos de Gay, desde que hace poco más de un año accedió a su escaño en sustitución de Pablo Echenique, comprometiéndose a defender los derechos de este colectivo.