Los grupos de PSOE, PP, PAR y Cs han aprobado hoy en la Ponencia de las Cortes que estudia el proyecto de ley del impuesto de sucesiones y donaciones que la entrada en vigor de la norma sea el 1 de noviembre, pese a la oposición de Podemos, CHA e IU.
Esta es una de las doce enmiendas, transaccionada por el PSOE, que han salido hoy adelante en la Ponencia y la única variación respecto a los acuerdos ya alcanzados con anterioridad en el proceso de negociación de esta formación con Cs, PP y PAR.
No han salido adelante otras cuatro enmiendas, dos de CHA y otras dos del PAR, porque entraban en "contradicción absoluta" con lo pactado y que coincidían, según ha explicado el socialista Alfredo Sancho en rueda de prensa, en querer aplicar a la comunidad autónoma requisitos de ámbito estatal respecto a la empresa familiar.
La entrada en vigor de esta modificación, que es de lo que más se ha hablado en las Cortes en esta legislatura y cuya vigencia "escasamente afectará a los presupuestos de este año", según Sancho, se votará en la primera sesión del Pleno de las Cortes de septiembre.
Desde el grupo socialista, Sancho ha justificado el retraso de la puesta en marcha al 1 de noviembre, en vez del 1 de octubre como pedían PP y PAR, en que si se implementa la ley "hay que hacerlo en condiciones y con seguridad" y al tratarse de una ley compleja que conlleva un proceso informático importante no podía estar concluido en un mes.
Sancho ha justificado esta reforma por el "clamor social" existente en Aragón frente a otras comunidades en las que no se paga este impuesto y en el "compromiso" del gobierno que preside Javier Lambán para que se abone en la media que el resto de comunidades.
El portavoz del PP, Antonio Suárez, ha puesto en valor las enmiendas de su grupo, que han salido todas aprobadas, y ha reconocido que no les ha quedado "más remedio" que aceptar la fecha de entrada en vigor de la ley el 1 de noviembre a pesar de que no les convencen las razonas de los socialistas.
Suárez ha calificado la sesión de hoy como "un pasito dentro del camino para llegar a buen puerto" ya que el objetivo de los populares es bonificar al 99 por ciento el impuesto de sucesiones.
Desde del PAR, Elena Allué se ha mostrado "moderadamente satisfecha" con esta modificación del impuesto ya que, aunque el deseo de su partido es que "desaparezca", el proyecto que se va a llevar a aprobación es "mejor" de lo que había.
Ha defendido el retraso de su entrada en vigor porque no querían que coincidiera con año electoral y se ha congratulado de que quede fuera de este proyecto de ley la proposición de ley que presentó su grupo en relación a la fiducia.
Por su parte, Javier Martínez, de Cs, se ha mostrado "satisfecho" porque gracias al acuerdo 24.000 aragoneses dejarán de pagar el impuesto de sucesiones y ha tendido la mano al PSOE para seguir negociando cuestiones como el presupuesto de 2019.
El diputado de Podemos Héctor Vicente ha justificado el voto en contra de su grupo ya que el acuerdo es un "regalo a los ricos en Aragón", mientras que ha defendido la abstención de las enmiendas de CHA al considerar que estaban incluidas en la enmienda a la totalidad que presentó su formación y que fue rechazada el pasado 1 de agosto.
Vicente ha calificado el contenido del proyecto de ley como "decepcionante" y ha reprochado que se haya tramitado con "tiempo récord" negando la posibilidad de una prórroga.
Desde CHA, socio de gobierno del PSOE, su portavoz, Gregorio Briz, ha lamentado que no haya prosperado su enmienda para fijar en 300.000 euros el límite para no pagar este impuesto y ha defendido los principios de "justicia social y progresividad" de su propuesta.
A pesar de haber votado en contra de los planteamientos de su socio de gobierno, Briz ha reconocido que ambas formaciones mantienen un "respeto institucional", lo que les ha permitido continuar con su "discurso" político.
Desde IU, Patricia Luquin, ha criticado la modificación de un "impuesto de clase, no territorial, que afecta escasamente al 5 % de la población", así como la forma en que se ha llevado a cabo, con 19 minutos de duración de una Ponencia celebrada un 28 de agosto.
Ha considerado "esperpéntico" que se haya "retorcido el reglamento" para una modificación que "ni es urgente ni afecta a la mayoría social" de Aragón y que además va a evitar que se recauden 40 millones de euros.
