Una ardilla roja trepa a un abeto cercano. Solo el ladrido de un pastor catalán la inquieta. Está a salvo en su paraíso, ese jardín vallado de los 22.597 metros cuadrados que distan entre el río Limpias, la carretera y el casco antiguo. Este remanso de calma es conocido como el Poblado de la Central, la comidilla de Sallent de Gállego desde que se conoció el acuerdo entre el ayuntamiento, gobernado con mayoría absoluta por el Partido Popular, y la multinacional Enel, propietaria de la instalación hidroeléctrica anexa. En este terreno está planificada la construcción de 166 viviendas.
Luciano tiene suficiente edad y memoria para recordar cuando Sallent era un pueblo al que aún no habían llegado los turistas ni Formigal. «La central se construyó en 1952. Se expropió el llamado Llano de la Cárcel y se llegó a un acuerdo amistoso para la venta de los Prados de Don Jorge. Me comentaron que el anterior dueño, que aún vive aquí, los intentó recuperar, así que imagínate si recalifican y hacen pisos», recuerda este sallentino con pedigrí.
Ahora vive enfrente del Poblado. Señala un edificio, una casa enorme tatuada por el paso del tiempo. «Ahí vivían antes los ingenieros y el jefe de la central. Esto lo han dejado morir», dice con cierta nostalgia. Hay una pista de tenis en cuyas grietas amanece la vegetación y una torreta de luz descansa oxidada en el suelo. Entre barracones y chalecitos aún vive algún empleado de Acciona. «En vez de construir podrían recuperar esas casas», intercede una vecina que baja a sacar el vidrio. «Lo que quieren hacer es una animalada», sentencia Luciano.
Este estado de deterioro es una de las razones argumentadas por el alcalde, Jesús Gericó, para apoyar una operación que necesitaría del cambio del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), y el visto bueno de la DGA. El alto número de viviendas estipulado se justifica por el gasto (2,3 millones) que conllevará el pactado soterramiento del tendido de alta tensión y la construcción de un párking de 200 plazas. «El parking es necesario por la saturación que hay en invierno y en verano, pero el proyecto es abusivo. Yo acabo de hacer una obra y me han pedido toda la documentación para que ahora se recalifique así», advierte Sandra mientras compra en un estanco frente al futuro complejo.
Los jóvenes
Otro de los argumentos lanzados por el alcalde es la construcción de 16 viviendas protegidas y 20 cedidas al ayuntamiento, pensando en la demanda que existe de jóvenes locales que quieren emanciparse. «Se necesitarían 30 o 40 más para cubrir esta demanda», advierte Crístian, que no ve del todo mal la operación, sobre todo, si es para que pueda llegar gente al pueblo. «Son pocas protegidas. Aquí lo que no son para turistas son casas muy grandes que hay que arreglar», indica Ricardo, un portugués residente en Formigal cuyo acento muestra que lleva tiempo en la zona. «La gente joven no se puede quedar aquí, es muy caro», continúa. Su hijo Pedro, de 16 años, cabecea a su lado.
La pandemia y la falta de nieve hace que por las calles solo caminen los de siempre. No son más de 700. Muchas casas vacías y obras paradas informan de que la mayoría son segunda vivienda, situación que encarece los precios y no mejoraría con el plan privado proyectado. «Los alquileres son imposibles. La gente se va a Escarrilla o Biescas», lanza Natxo, un vasco que lleva un año haciéndose al valle y ha sufrido este problema.
Es viernes, día de mercado. La pescadería y la frutería ambulantes tienen cola. En temporada baja apenas queda un híper y una tienda. Javi espera su turno junto a su precioso Setter irlandés. «Es un plan desmesurado. Luego tenemos la mitad de las casas medio vacías», lamenta. A la conversación se acerca Víctor. Quiere entrar en un tema que viene de lejos. Recuerda cuando era concejal y en 1997 rechazaron una propuesta de elevar en el mismo lugar 116 pisos. «Les dijimos que solo se aprobarían noventa y ni nos contestaron», recuerda este veterano vecino que aboga porque se invierta en más VPO o se ayude con el alto coste de recuperar las viviendas catalogadas.
La oposición del PAR y el PSOE alega que la DGA no puede aceptar el cambio urbanístico al exceder el límite de 75 viviendas por hectárea. «Estarán apelotonados. Yo vivo en unos chalets bajos, estamos separados», lanza María Jesús recogiendo el pescado. «No se pueden construir más de tres alturas», insiste Ricardo. «Por eso ya tuvieron que parar una obra», alerta Javier mientras el Setter tira de la correa. La mayoría no es absoluta, el debate está en la calle. «Una cosa es a quien se vota y otra estar de acuerdo o no», finaliza ella.
