El Gobierno de Aragón recaudó el año pasado 103 millones de euros en el 2019, 51,4 menos que los que logró en el 2018, cuando entró en vigor la rebaja de este impuesto para las rentas más altas. El pasado fue el primer ejercicio completo en el que estuvo vigente esta reducción, y el resultado ha sido peor de lo previsto. La DGA estimaba que se redujesen 40 millones de recaudación.

Así lo reflejan los datos del cierre del ejercicio presupuestario, hechos públicos ayer por Hacienda, según los cuales el déficit del 2019 quedó en 145 millones de euros, con 6.458 millones de gastos y 6.313 de ingresos. Unas cifras que hay que tomar con una doble cautela: son provisionales, y falta aplicar el criterio del Ministerio de Hacienda. Aunque con este, el resultado rara vez suele ir a mejor.

En el análisis de los ingresos, que aumentaron en 170 millones de euros respecto al 2018, destaca la fuerte caída en impuestos, más allá de Sucesiones. Los directos cayeron en 33,3 millones, lastrados por Sucesiones, pese a que en el IRPF se recaudaron 15 millones más (1.371 en total).

En los indirectos, la merma total fue de 56 millones, y llama la atención que se reducen los más relacionados con la actividad económica, como el IVA (en 38 millones), las transmisiones (6,4) o el de Actos Jurídicos Documentados (2,5), además de las tasas del juego, que cayeron en 3,5 millones de euros hasta quedar en 39,8.

Unos datos que chocan con el aparente buen momento económico y también con las previsiones al alza de los presupuestos aprobados para este año. El pasado, fueron compensados en buena medida por las aportaciones estatales, bien sea por transferencias corrientes (que subieron en 71,1 millones) y las de capital, con otros 37,5 de incremento. Entre las primeras, la financiación autonómica o el Fondo Europeo Agrario de Garantías subieron en 39,6 y 10 millones, respectivamente, mientras el INAEM o el IMSERSO aportaban 8,2 millones de euros más entre los dos.

MÁS GASTO, MENOS INVERSIÓN

Si los ingresos, con estas compensaciones, crecieron en 170 millones de euros, los ingresos lo hicieron en mayor medida, 341. Lo hicieron, en buena medida, por el incremento en el pago de pasivos financieros (créditos), que se fueron a los 1.234 millones de euros, 378,6 más que en el 2018. Aunque también aumentaron los gastos de personal, en 13 millones de euros, por la actualización de los sueldos de los fucionarios, y en menor medida por altos cargos y secretarios generales técnicos (y directores generales), que con 4,1 millones de euros cada partida, supusieron 314.000 euros más que el ejercicio anterior. También se incrementaron las transferencias corrientes a otras administraciones (con 24 millones de euros más para familias y oenegés).

Por contra, como no dejaba de señalar la oposición, cayó la inversión, en 21 millones de euros, de la que se ejecutó un 79% de lo previsto. También se redujo el gasto en bienes en servicios, en 59,9 millones de euros. Sin embargo, en este apartado, los conciertos sanitarios supusieron 5,9 millones más (84,9 millones) y los de servicios sociales, 10 millones más, hasta los 79,8.