El Ayuntamiento de Ricla aprobó, con el apoyo de todas las fuerzas políticas salvo el PP, una moción para rechazar el derribo de la ermita de Los Palacios durante las obras de construcción del embalse de Mularroya, ocurrido el pasado mes de agosto.
La moción fue presentada por la militancia de Puyalón de Cuchas en Ricla, y salió adelante con los citados apoyos. Con ella, el consistorio se dirigirá a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), al Ministerio de Medio Ambiente y a la Consejería de Cultura del Gobierno de Aragón, como responsables de las obras de construcción del embalse y de la protección del patrimonio histórico.
El texto reclama a las instituciones «el máximo cuidado y respeto al patrimonio afectado por el embalse de Mularroya» y su correcta protección legal, y considera que «la negligencia y falta de catalogación ha llevado al triste derribo de la ermita de Los Palacios».
El Coordinador de Puyalón en Valdejalón, Alejandro, García, afirmó que «la destrucción el pasado verano de la ermita del siglo XII es una más de los desmanes que la CHE realiza en el curso de las obras del pantano de Mularroya. A esta ermita se suman acimientos arqueológicos y zonas protegidas ambientalmente».
García se felicitó de que «por fin las instituciones de la comarca empiezan a exigir que se cumpla la ley en lo que respecta al pantano de Mularroya», y recordó que «en la moción se recalca que gran parte del patrimonio afectado por el pantano no está catalogado y eso hace que tenga una dificil protección, pero se debe exigir que todos los bienes catalogados tengan el trato que merecen y no sean destruidos sin un estudio profesional como se hizo con la ermita de los Palacios o el yacimiento arqueológico de la paridera de Valberigo».
Puyalón aprovechó para reiterar «la necesidad de paralizar» las obras de un pantano «que ha sido considerado ilegal por sucesivas sentencias», y al que «solo las malas artes del Gobierno del PP en España» han facilitado su construcción, al menos hasta el momento.
La formación se refiere a que, pese a que tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo echaron para atrás el proyecto inicial del pantano del 2003, el Gobierno popular durante la pasada legislatura lo declaró primero de interés público de primer orden, y luego liberó al proyecto de tener que superar diversas trabas burocráticas medioambientales con dos acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros. Sortean así las afecciones a espacios de la Red Natura 2000.
