El Gobierno implantará de una forma gradual la normativa europea que obliga a repercutir sobre la tarifa del agua el coste de las infraestructuras hidráulicas que se construyan en el futuro. Así lo transmitió ayer a los periodistas la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, antes de presidir la reunión del Consejo Nacional del Agua, que debatió el plan que el Ejecutivo ha presentado como alternativa al trasvase.
La ministra corroboró la oposición a los planes del Ejecutivo central de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, y en especial la de los gobiernos valenciano y murciano. Sí respaldaron las medidas anunciadas por el ministerio los representantes de las organizaciones ecologistas, que consideraron "una noticia histórica" la derogación del trasvase del Ebro.
Al ser preguntada sobre si estas medidas supondrán un aumento del precio del agua, la ministra aclaró que cualquier cambio en el régimen económico y financiero referido a las tarifas del agua afectará "exclusivamente" a las obras futuras.
Narbona explicó que esta implantación del principio de recuperación de costes en todas las obras que se aprueben a partir de ahora se aplicará de una forma "gradual" y observó que el régimen económico y fiscal, que data de 1985, es "insuficiente". Recordó que la UE obligará en el 2010 a todos los países miembros a repercutir sobre la tarifa del agua los costes relacionados con su uso. Entre esos costes, la ministra citó, además de los que se dedican a la obtención y el tratamiento de las aguas, los ambientales que se derivan de la utilización de este recurso. "No se trata en absoluto de introducir desde ahora una repercusión total de todos los costes del agua, pero sí de avanzar respecto a un régimen económico y financiero que es a todas luces insuficiente, y que en muchos casos ni siquiera se aplica en la práctica", aseveró Narbona.
La ministra destacó la oportunidad de la reunión del Consejo Nacional el Agua al coincidir con el inicio de la tramitación parlamentaria del decreto ley que derogó el trasvase del Ebro e impulsa un conjunto de 105 actuaciones alternativas en la cuenca mediterránea.
El plazo de presentación de enmiendas a este proyecto se ha interrumpido al pedir el Grupo Popular que previamente se sucedan en el Congreso varias comparecencias. Al tramitarse como un proyecto de ley se podrán incorporar al mismo algunas cuestiones que, según la ministra, son "imprescindibles", y citó entre éstas la posibilidad de regular de una forma "nítida" que todas las aguas procedentes de procesos de desalinización tendrán carácter público.
