Los empresarios agrícolas en Aragón están dedicando este mes de febrero a preparar sus explotaciones frutales. La poda y la fumigación centran sus trabajos antes de que se repita el ciclo de la recolección. Serán la cereza temprana en la comarca de Calatayud las primeras variedades que necesitarán de la llegada de temporeros a mediados del mes de abril. Para entonces los sindicatos del sector esperan conocer en detalle la orden que el Ejecutivo autonómico está preparando para garantizar que el coronavirus no provoque los problemas que generó el año pasado. A falta de conocer el documento en detalle los portavoces de las entidades agrarias reconocen que no se contemplará una vacunación específica de los trabajadores desplazados, pues se confía que los dos primeros trimestres del año el plan de inoculación haya avanzado lo suficiente para garantizar la inmunidad de grupo en las comarcas más afectadas.
El responsable de fruta dulce de la organización agraria UAGA, Óscar Moret, se muestra crítico con algunos de los aspectos que recogerá la orden sobre los temporeros, aunque reconoce que la decisión de proceder a una vacunación de todo el sector corresponde al departamento de Sanidad. «Sería maravilloso poder realizar una vacunación para prevenir problemas, pero no podemos ser más papistas que el Papa si han decidido que no es necesario», destaca. Con todo, desde su organización sí que han impulsado una compra de test PCR para ponerlos a disposición de sus afiliados.
Más problemas tienen con algunas de las obligaciones que tendrán que asumir en los próximos meses. Sobre todo al destacar que el sector ya cumple las normas de trabajo y que en el caso de irregularidades tiene que actuar la Guardia Civil. «Sabemos que se tienen que acondicionar alojamientos a los temporeros, aunque seamos el único sector al que se le exige, pero se nos está imponiendo responsabilidades que no nos corresponden», explicó.
Libertad individual
Los sindicatos agrarios todavía mantienen el espíritu colaborativo a pesar de algunas de las dudas que se están encontrando en la tramitación de la orden que conocerán esta semana. El secretario general de Asaja en Aragón, Ángel Samper, considera que la declaración responsable que tendrán que presentar los empleadores, en la que se detallen los contratos que van a necesitar en la campaña y los alojamientos que se les proporcionará debería ser suficiente.
«No podemos ser los responsables de lo que pasa de puertas para adentro de una residencia o fuera de las horas de trabajo», asegura al evidenciar que tampoco se puede obligar a una persona a vivir en un lugar en el que no quiera. «Algunas cuestiones pueden atentar contra la libertad individual», asegura.
Como el resto de entidades agrarias que han participado en la rápida preparación de la orden, también han solicitado que se tuviera en cuenta la vacunación de los trabajadores, algo que ha chocado contra los protocolos previamente establecidos. Confían en que la inmunidad de grupo avance lo suficiente en las próximas semanas y destacan que los albergues para aislar casos de covid que se pusieron en marcha por los ayuntamientos el año pasado volverán a estar disponibles.
El secretario general de UPA Aragón, José Manuel Roche, insistió en que no se puede responsabilizar a los agricultores «del problema de la inmigración», pero que van a mostrar la máxima colaboración posible para garantizar el control de los alojamientos. «Queremos evitar que se nos criminalice ya que no somos un foco de contagio», destaca.
La entidad manifiesta que les hubiera gustado participar en algún grupo de trabajo previo a la redacción de la orden para plantear cuestiones como la necesidad de pruebas PCR o la posibilidad frustrada por el momento de una valoración específica. «También plantamos que los trabajadores temporeros se consideraran personal esencial de forma que se hubieran podido inmunizar antes de comenzar la campaña», recordó.
Según los cálculos que se manejan, y teniendo en cuenta lo que sucedió el año pasado, podrán llegar durante la campaña de la fruto entre 10.000 y 11.000 trabajadores temporales para colaborar con la recogida. «Esperemos que con la experiencia acumulada este año salga mejor», incide Samper.
