Afinales de junio, hace un mes, el nivel de contagio se había reducido a sus mínimos y los mecanismos de identificación de algún brote por aglomeración estaban funcionando con sistemas de rastreo y detención. Habíamos logrado llegar a una situación sanitaria y económica mas o menos estable, donde todos estábamos aprendiendo y acostumbrándonos a los nuevos protocolos para que pudiéramos seguir saliendo adelante, con menos contagios y remontando un parón económico sin precedentes. Sin embargo, no todos estaban cumpliendo. No me refiero a ciertos comportamientos individuales, sino a un entero sector económico de gran incidencia para muchos: un sector invisible pero esencial, la industria agroalimentaria de gran escala.
Ignorando los avisos sanitarios expedidos en mayo al sector de la recogida de fruta, en Huesca y Lérida las condiciones de hacinamiento de los temporeros de la fruta se han mantenido hasta el día de hoy generando una emergencia incontrolada de contagios. Esta llamada segunda ola está volviendo a generar enfermos, muertos y movilizando otra vez a todo el personal sanitario, agitando hospitales, y afectando a todo tipo de actividades socioeconómicas para perjuicio de los más mayores, los más pequeños, y las familias trabajadoras, como el anunciado cierre de colonias de verano.
En plena pandemia y desescalada, los encargados de la recolecta de la fruta han estado contratando en condiciones donde el alojamiento y los desplazamientos no cumplen con los requisitos sanitarios básicos contra el contagio.
El coronavirus ha puesto la lupa en los problemas derivados de las políticas migratorias restrictivas actuales de la UE. España, desde hace unas décadas, ha impuesto una política migratoria que apenas concede visados ni permisos de trabajo a una gran mayoría de nacionales de países africanos. A pesar de estas restricciones, la política fronteriza deja pasar a algunos, a través de un proceso de inclusión selectiva. Se permite la estancia a aquellos a los que inicialmente se les ha negado el permiso de viajar y residir en Europa, pero una estancia donde no se concede los derechos de otros residentes. O sea una situación donde, a sabiendas, se permite coexistir un estado de derecho, y un estado que permite el abuso del derecho de los que se han clasificado como ilegales por ese mismo estado.
De palabra digo "no a la inmigración" y por otra, de hecho en la realidad, contrato mano de obra formada por inmigrantes sin documentación para reducir costes
Esta situación contradictoria pero sistémica se ha instaurado ya desde hace años en el campo: por una parte, de palabra digo «no a la inmigración» y por otra, de hecho en la realidad, contrato a mano de obra formada por inmigrantes sin documentación para reducir costes y explotar al máximo. Esto ha dado lugar a situaciones de abusos ya conocidas.En época de pandemia, las consecuencias de estas irregularidades, que llegan a condiciones de trata de personas en el sector agrícola, se han expandido y tienen efecto bumerán afectando a todos.
Hay muchos empresarios agrícolas en España que utilizan prácticas de contratación que todos conocemos o sospechamos, pero que han sido ignoradas desde la administración por mucho tiempo, incluso en época de pandemia: se trata de una relación laboral fuera de la ley, abusando de personas a quienes se les ha negado la documentación administrativa necesaria para estar dentro de la legislación laboral. Así, se consuman unas condiciones típicas de la trata ilegal de personas, como el trabajar sin parar bajo amenazas y abusos sexuales, el hacinamiento obligado durante las horas de descanso y de desplazamiento, etc. El sector agrario que contrata en condiciones de hacinamiento en espacios cerrados en plena pandemia constituye en toda regla, un crimen organizado, y así debe ser considerado a nivel judicial.
Por lo tanto es necesario denunciar a estos actores que van contra la salud pública. Para ello, no solo se trata de exponer las condiciones de los que recogen la fruta que tomamos todos los días, cosa que tampoco han hecho los organismos que dicen estar en defensa de los trabajadores, como los sindicatos mayoritarios, que hasta ahora no han hecho ni denuncia, ni campaña seria sobre este escándalo de abusos laborales en el campo. Un ejemplo de crítica sobre la situación actual ha sido denominada por parte de un representante de CCOO como actos de «picaresca». Hablar en términos de picaresca cuando hay condiciones de explotación de tal calibre es ignorar un racismo institucionalizado, que afirma que no hay racismo pero de facto discrimina a todos los niveles.
Hoy más que nunca, la población de aquí (...) tiene que apoyar a estos trabajadores esenciales
Lo que intento es apelar a la población a que exija tanto a la administración como a los empresarios agrícolas, y los sindicatos, a cumplir con su obligación de proveer condiciones laborales donde el covid-19 no se transmita. Hoy más que nunca, la población de aquí (tanto autóctonos, como nacionalizados, retornados, etc. vamos, que ya es un país de emigrantes e inmigrantes), tiene que apoyar a estos trabajadores esenciales del sistema alimenticio, a que realicen su trabajo en sus debidas condiciones higiénicas, laborales e interpersonales. Y esto no solo es necesario, sino también posible.
Otro país de la Unión Europea y además vecino, Portugal, ante la inminente llegada de la pandemia en marzo, ya tomó medidas para evitar este tipo de situación obvia de contagio. No se podía mantener la situación esquizofrénica de por una parte necesitar trabajadores en el sector agrícola y por otra parte, que esa misma población estuviera sin acceso a documentos administrativos necesarios para residir, trabajar, acceder a cuidados médicos -y que además, por ello se aprovecharan los contratantes, para tenerlos en condiciones por debajo de los mínimos estándares laborales y sanitarios. Aunque no arreglase la situación de todos los inmigrantes en el país luso, el hecho de tomar esa medida, de forma preventiva, demuestra que se tuvo en cuenta que la salud de todos nuestros vecinos también es nuestra salud. No hay excusa para que España no tome medidas como las que adoptó Portugal o incluso más, que con un mercado laboral agrícola y políticas migratorias similares, ya en marzo realizó la concesión del status administrativo para residir y trabajar en suelo portugués. De estos, algunos venían a trabajar en el campo como temporeros de fruta y otros, con formación médica fueron bienvenidos en los hospitales, siendo muy útiles como personal sanitario ante la pandemia.
Este proceso de legalización de la situación administrativa de muchos inmigrantes trabajando en sectores esenciales, tanto del campo como del cuidado, fue clave para que nuestro vecino país esté ahora con muy pocos casos. Sin embargo, muchos gobiernos no han cambiado sus políticas migratorias, incluso sabiendo que muchas personas a las que no se les ha concedido visas y permisos de residencia y trabajo, constituyen el corazón de sectores esenciales como la alimentación. Seguir manteniendo políticas fronterizas restrictivas a la movilidad humana de personas que ya viven aquí y luego permitiendo la entrada y salida de turistas de países ricos con apenas control, manteniendo leyes de inmigración o extranjería contradictorias, no es una manera eficaz de responder a un fenómeno para el que no existen fronteras: las pandemias y enfermedades virales.
Regularización
Ya centenares de organizaciones de inmigrantes y de derechos humanos han exigido que se cumpla con sus derechos básicos, bajo la campaña #RegularizaciónYa, como una medida que además nos ayudaría a protegernos a todos del coronavirus. En el hemiciclo, ya se introdujo esta idea una vez en mayo siendo descartado por el ministro de Interior, y ahora con una iniciativa a debate desde mediados de julio.
Hoy más que nunca se necesita revisar la política migratoria de España y de la Unión Europa, y así, poder abolir todas las situaciones de contratación irregular derivadas de esta, como la de los empresarios agrícolas con los temporeros de la fruta. Hoy en España, el movimiento global nacido en EEUU del Black Lives Matter (Las Vidas Negras Importan) tiene el rostro de un temporero de recogida de fruta, abusado laboralmente y acusado por generar la actual segunda ola de rebrotes.
Señores y señoras, el problema no está en el trabajador subsahariano, el origen está en los que en primera instancia, pusieron a estos hombres, en máxima posibilidad de contagio, no solo para ellos mismos sino para todos. Todos los que ahora estamos de nuevo preocupados, infectados, abatidos y cabreados ante una negligencia institucional hacia una situación bien conocida, y necesariamente evitable. ¡Viva la inmigración! ¡Abajo la trata de personas! ¡Juicio a los criminales de la salud de todos!
*Maribel Casas-Cortés es profesora visitante de EEUU en la Universidad de Zaragoza
