Eduardo Romero reconoció ayer ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza que ofreció rayas de speed a cuatro menores de edad en la localidad zaragozana de Nuévalos, donde reside. Lo reconoció al aceptar un pacto alcanzado entre la Fiscalía y su abogado, Jesús Isla, por el que fue condenado a tres años de prisión, que en principio debería cumplir. La pena es menos de la mitad de lo que inicialmente quería imponerle el ministerio público, seis años y medio de cárcel, y no incluye además la multa de 50.000 euros. Al parecer, no pudieron imponérsela al no haber encontrado realmente nada de droga en los registros practicados por la Guardia Civil. Pese a ello, el hombre reconoció los hechos, y el pacto llegó antes de que los menores tuvieran que contar lo sucedido.

Los hechos por los que fue condenado tuvieron lugar en Núevalos, en algunas ocasiones en la propia vivienda del condenado y en otras en una peña de la localidad. Según el relato de la Fiscalía que dio por bueno el hombre, había mantenido una relación sentimental con la madre de una de las menores, con la que había convivido, y por tanto la joven iba a visitarle durante las vacaciones o fiestas que pasaba allí. Iba con una amiga de 16 años, como ella, además de otros dos adolescentes de 15 y 12 años.

En esas visitas el hombre, "falto de todo escrúpulo", según recogía la Fiscalía en su escrito de conclusiones provisionales, les ofrecía rayas de speed o fantasmitos, las cuales aceptaron dos de las adolescentes y rechazaron los más pequeños del grupo.

El hombre, según el informe forense, es consumidor habitual de varias drogas, entre ellas de speed, pero "en grado bajo", con lo cual no presenta una adicción suficiente como para ver reducida su comprensión o voluntad. Y por tanto, no puede ver su condena acortada. Por el mismo motivo, en principio no podría ver la pena conmutada por un tratamiento de desintoxicación acreditado en un centro, aunque esto dependerá del criterio de los magistrados y las gestiones de su letrado.

Inicialmente la Fiscalía pedía para él seis años y medio de prisión, al considerar no solo el delito de tráfico de drogas sino la circunstancia de ofrecerlas a menores de edad, lo cual es castigado por el Código Penal con la imposición de las penas previstas en su grado superior. La multa, inicialmente establecida en 50.000 euros, depende según la ley de la cantidad y la pureza de la droga involucrada en la instrucción, y al no haberse decomisado ninguna, se retiró.